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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Los problemas en la ciudad no parecieran tener solución más allá de los acuerdos que realizan los gobiernos con algunos grupos de interés a los cuales se les entrega el manejo de los asuntos públicos.
Esta práctica recurrente del “Estado contratista” tiende a desnaturalizar el ejercicio de la función administrativa conforme a lo establecido en la Constitución Política.
De esta práctica no se escapa la administración distrital de Cali y de un gobierno atosigado con problemas sin resolver que a la postre generan incertidumbre y desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y sus gobernantes.
En este caso se trata del análisis de lo sucedido con el alumbrado público concesionado inicialmente en favor de Megaproyectos y posteriormente de la empresa Cali Iluminada. Al respecto el gerente de EMCALI ha salido a los medios de comunicación a asegurar que dicho servicio público será manejado por una empresa filial de EMCALI que se encargará del mantenimiento, manejo y operación de dicho servicio público.
El funcionario afirma tener el respaldo de la junta directiva de EMCALI y que en ningún caso se entregará en concesión a los privados. Sin embargo, el concejal Roberto Rodríguez dio a conocer a los caleños a través de los medios de comunicación que “con esta decisión EMCALI determina concesionar a 20 años como negocio de la ciudad a un particular”. Y más adelante agrega “se está poniendo en riesgo una inversión que supera al año los 120.000 millones”.
Para complementar dicho panorama el representante a la Cámara Alfredo Mondragón afirma que el alcalde Jorge Iván Ospina hizo aprobar en la junta directiva de EMCALI la creación de una filial para que busque un socio estratégico que se encargue de la administración, operación y mantenimiento del servicio del alumbrado público.
En estas condiciones, mediante la forma jurídica de una filial se le entrega la operación, administración y mantenimiento del alumbrado público a un particular que en este caso es el “socio estratégico”, el cual tendrá una tasa de retorno amplia para su “inversión” sin asumir mayores responsabilidades más allá de la operación y mantenimiento del servicio del alumbrado público. EMCALI a través de la filial asumirá los costos de las demandas laborales, administrativas derivadas de los contratos.
Los estudios incompletos sobre el negocio y el conocimiento de quién sería el socio estratégico, ponen en duda la transparencia de un asunto de interés general que debió ser consultado previamente con los ciudadanos que son los que pagarán vía tarifas dicho servicio.
Dicho método de contratación ha sido utilizado en el inmediato pasado por ejemplo con la construcción de una granja de energía solar en Mulaló, negocio que finalmente no prosperó.
Estas maniobras que se realizan en EMCALI para favorecer el interés privado por encima del interés general tienden a generalizarse, en tanto que los órganos de control y vigilancia de la gestión pública, poco es lo que hacen para investigar y sancionar a los responsables de estos despropósitos que disfrazan sus actividades administrativas y contractuales con una legalidad aparente con la cual se encubre la participación del interés privado disfrazado de interés general.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
