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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La desigualdad económica y social se convirtió en la práctica en un hecho creciente que afecta a miles de millones de personas en todo el mundo desarrollado y emergente.
En América Latina y en el Caribe con 650 millones de habitantes, la desigualdad social es cada vez mayor, en tanto se concentra la riqueza en manos de los monopolios y transnacionales acumulando el poder económico que se traduce en poder político que a su vez incrementa el poder económico, generándose con ello un círculo vicioso.
La desigualdad se expresa en diferentes áreas de la vida económica, política y social produciendo gran insatisfacción en los ciudadanos que reclaman de los gobiernos un trato igualitario en el manejo de los asuntos del Estado y de la sociedad.
No obstante una de las maneras de mantener “el statu quo” es buscar que los problemas derivados de la desigualdad se “resuelvan” entregándoles subsidios a los sectores más vulnerables de la sociedad que por lo demás no alcanzan para cubrir aquellas necesidades básicas esenciales y menos aún atender aspectos relacionados con la construcción y entrega de viviendas dignas para la familia, salud preventiva y curativa de buena calidad, educación acorde con las necesidades del desarrollo económico, cultural, científico y tecnológico, empleo estable y duradero.
Este tema hace parte del debate ideológico y político de economistas, politólogos y sociólogos, etc., que utilizan diversos argumentos para explicar la existencia de la desigualdad económica y social y sus posibles soluciones.
Y de ahí que no falte quien afirme que la mejor forma de acabar con la desigualdad es aumentándoles los ingresos a los trabajadores, lo que se hace casi siempre por debajo del costo de la canasta familiar, amén de que con el alza de los precios de los productos, bienes y servicios, su incremento no les permite mejorar su capacidad de compra en el mercado.
Para otros ideólogos los problemas derivados de la desigualdad se pueden resolver obligando a pagar mayores impuestos a los sectores mas pudientes de la sociedad, con el fin de que el Estado disponga de suficientes recursos para atender el gasto social con lo cual se dice que es posible redistribuir la riqueza social.
En Colombia ni siquiera se puede pensar en algo parecido por cuanto además de la gran concentración de la riqueza en pocas manos, el Estado subsidia por ejemplo, en materia de pensiones al 40% más rico de la población. Dicha teoría de que los ricos deberían pagar más impuestos tiene en el afamado economista Thomas Piketty su mejor defensor y no obstante que todas estas teorías han demostrado su inconsistencia en tanto que el capitalismo globalizado atraviesa en la actualidad por una profunda crisis general agravada con la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus, que si bien es cierto no significa que esté al ´pie del colapso total, ya no posee las fuerzas suficientes para superar las dificultades y problemas en materia económica, política y social y en el conjunto de las relaciones con la sociedad, la naturaleza y el ser humano. Circunstancia esta que no podrá superarse apelando a los consensos entre los partidos y gobiernos de los Estados, correspondiéndole en consecuencia a las fuerzas democráticas y progresistas de los países promover los cambios que impliquen sacar de la pobreza y la desigualdad social a millones de personas en el mundo globalizado.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
