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Por Ramiro Varela Marmolejo
Ingeniero Civil de Univalle, MBA U. V., Director de Caliescribe, constructor, Ex -Congresista y Ex Concejal de Cali.
Después de dos sentencias de tutelas favorables en mi calidad de accionante en el Juzgado Séptimo Civil municipal de sentencias (Primera instancia) y Primero Civil de circuito de Cali ejecución de sentencias (segunda instancia), se presentó solicitud de arresto al alcalde Maurice Armitage y al jefe jurídico de la alcaldía de Cali, Yaber Enciso, ante el desacato judicial a las citadas sentencias emanadas de jueces competentes para decidir, por la clara violación de normas constitucionales y legales.( Ver foto ).
El alcalde recibió la solicitud de petición de cumplimiento del acuerdo 224 del 2007, sobre el sistema de transporte masivo de Cali, el 4 de Febrero del 2019, que obliga a que se adopte por acuerdo municipal el cierre técnico, financiero, presupuestal y económico del MIO. No hubo respuesta de fondo, ni precisa…
Igualmente se le solicitó al señor alcalde informar acerca del cumplimiento del estatuto valorización, contenido en el decreto nacional 1394 de 1970 y el acuerdo de 297 de 2010, de tal manera que está obligado a liquidar el plan de obras, devolver los dineros sobre obras no contratadas y el plan para terminar las obras de valorización denominadas 21 Megaobras. Tampoco hubo respuesta….
El alcalde fue conminado a informar que pasa con la presupuestacion y terminacion de obras importantes de la ciudad, decretadas, cobradas y pagadas por los contribuyentes, como la avenida Circunvalación del sur hasta la universidad San Buenaventura, la ampliación de la carretera al mar hasta el kilómetro ocho, los puentes de chipichape y de la autopista con 66. Es insólito que también la respuesta se dio con evasivas
Por último el alcalde se abstuvo de informar cual es el costo de empleados y contratistas o prestadores de servicios, el número y el valor de ese gasto público. Esto tiene que ver precisamente con el control ciudadano al derroche fiscal de la administración Armitage e incumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a nómina de la paralela.
La Juez Séptima Civil municipal de ejecución de sentencias, ordenó a la alcaldía de Cali, dar esa información, en 2 dias, insolitamente impugnó en memorial largo y confuso, mas fácil informar el cumplimiento de normas legales. En sentencia de segunda instancia del 30 de julio de 2019, el Juez Primero Civil de circuito de Ejecución de sentencias, confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó dar respuesta a la solicitud. Así se proyecta favorecer el transporte masivo de Cali, a los contribuyentes de la valorización, al plan de obras mas importantes de la ciudad y a detener la hemorragia fiscal burocratica.
Alcaldía, evadió el cumplimiento de normas, con evasivas
La respuesta del juridico en nombre del alcalde, fue remitir a unos links generales de la alcaldía, ahora deberá precisar si cumplió normas y permitirá que se obligue a acatarlas, y resolver las irregularidades en el MIO de los gobiernos Armitage, Guerrero y Ospina, que no se ha querido presentar a aprobación del Concejo municipal de Cali, la adopción de las obras necesarias del sistema y el cierre financiero de los operadores de buses y del SIUR, ni la liquidación de las 21 megaobras , ni la devolución de dineros por obras no contratads ni construidas.
Cumplimiento de normas o arresto
El incidente de desacato debe definir el alcalde si acata las normas para que le de solución al MIO , en cuanto a que la ciudadania compruebe que no hay cierre financiero: la solución del embargo a decenas de miles de ciudadanos de las obras por valorización y/o la solución a más de cuatro centenares de miles de contribuyentes de valorización que pagaron 21 Megaobras ( se debe la mitad de las obras en miles de millones de pesos, configurando una presunta estafa). Y deberá definirlo en derecho, para los debates disciplinarios y penales, que se adelantan y servirá de prueba a favor o en contra de los implicados
Y está la solución al despilfarro fiscal del municipio, con una nómina paralela de 12.000 contratistas, en prestación de servicios, de tal manera que por orden judicial pueda detener ese gasto público exagerado.
La Juez Séptima Civil municipal de sentencias deberá proceder con el incidente de desacato, para que se le conmine a un arresto, a fin de que cumpla las sentencias judiciales.
