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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Se conoció oficialmente el informe anual sobre narcotráfico, entregado por el Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos. Con tristeza y preocupación el referido documento expone un incremento del área cultivada en coca de un 42% en 2015 comparada al año inmediatamente anterior.
Textualmente dice el informe, “Colombia es el primer productor mundial de cocaína, así como un país fuente de heroína y marihuana. Aunque el Gobierno colombiano continúa contrarrestando la producción y el tráfico de drogas ilícitas a través de las operaciones de erradicación, la agresiva interdicción y la actividad policial, la producción potencial de cocaína en 2015 aumentó en un 60 % a 495 toneladas métricas”
Las cifras estimadas para el año 2016 son aun más preocupantes, situándose el área cultivada alrededor de 200 mil hectáreas, extensión comparable con el cultivo de caña de azúcar del Valle del Cauca, e incremento de producción de cocaína, superando las 1,200 toneladas métricas.
La equivocada eliminación de fumigación con glifosato, aludiendo razones de salud, cuando productos similares son utilizados en la agricultura tradicional, es uno de los factores del incremento en el área cultivada. La dispendiosa erradicación manual tan solo llega aproximadamente a 12,000 hectáreas, equivalente el 6% del total de área.
El Centro de Estudios del Occidente Colombiano, CENOC, planteo en informe documentado reciente la hipótesis que “existe una relación directa entre las zonas de cultivos ilícitos y la votación por el “SI” en el plebiscito del 2 de Octubre de 2016”. (http://www.cenoc.org/)
En la implementación de los acuerdos de la Habana, a través del mecanismo de fast track, avalado perspicazmente por la Corte Constitucional, el Congreso Nacional pretender acceder, obligando al estado y sus entidades cumplir cabalmente con las excesivas concesiones del acuerdo durante los próximos tres gobiernos.
No solamente está en juicio la entrega ideológica de una nación forjada democráticamente y su institucionalidad hacia un fracasado modelo del socialismo del siglo XXI sino la independencia del estado en asumir funciones en defensa de sus constituyentes.
Favorecer el narcotráfico ante el incontrolado y escandaloso aumento con sus implicaciones hacia la población civil urbana, registrando altos índices de consumo y delitos asociados es la espalda que las mayorías enmermeladas del Congreso están dando a la nación que los eligió.
Entregar dos poderes judiciales, incorporando al bloque de constitucionalidad la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en conveniencia del narcotráfico y sus delitos conexos sin interferencia de órganos de control, específicamente el Ministerio Publico de la Procuraduría, creado constitucionalmente para representar la sociedad ante la justicia garantizando los derechos fundamentales de los implicados y de las víctimas es una golpe bajo a la Constitución.
Incorporar la totalidad de los acuerdos es convertir la nación en un narco estado.
