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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En medio de las críticas y discusiones en torno al contenido del proyecto de ley sobre la reforma a la ley 100 de salud, el presidente Petro decidió invitar a los jefes de los partidos que integran la coalición de gobierno (liberal, conservador, la U), para que presenten sus propuestas sobre los artículos que son objeto de controversia.
De esta manera no es improbable que se lleguen a ciertos acuerdos para mantener, por ejemplo, el modelo mixto de aseguramiento del servicio de salud con lo cual se convalidaría una especie de “conformismo” que conlleva el mantenimiento de uno de los aspectos esenciales del modelo actual, que en el proyecto de ley es objeto de una modificación sustancial.
Por otra parte, aquellos cambios que se introduzcan al proyecto y que no tengan mayor significación serán mantenidos como tales, en tanto que no tienen por objeto un cambio esencial del modelo de salud existente.
La actitud asumida por el gobierno en la reunión con los jefes políticos estuvo precedida de un cónclave del presidente con su gabinete, en donde se dio a conocer una carta suscrita por varios ministros del despacho entre los cuales se cuenta con el ministro de Hacienda y Crédito Público, el de Educación y el director de Planeación Nacional entre otros funcionarios, en la que se hacía relación a los costos que generaría la implementación de la nueva reforma a la salud y de su impacto fiscal en las finanzas de la Nación, además de que desde el punto de vista constitucional, el mencionado proyecto de ley no debería tramitarse como una ley ordinaria sino como una ley estatutaria, en la medida en que modifica sustancialmente el modelo de salud vigente en cuanto a lo atinente a la garantía del ejercicio del derecho fundamental a la salud.
Lo anterior demuestra la falta de coherencia institucional al interior del propio gobierno que hoy se ve presionado y dispuesto a hacer concesiones para lograr sacar adelante la reforma, frente a la cual un número de congresistas, exministros, dirigentes políticos , gremiales y empresarios, cerraron filas en contra de la posibilidad de estatizar la salud generándose con ello una eventual liquidación según se dice de las empresas promotoras de salud EPS.
Así las cosas, está claro que la aprobación de la reforma en el Congreso dependerá en fin de cuentas de los acuerdos a que se lleguen con la bancada de la coalición de gobierno; circunstancia esta que muy poco permitirá avanzar en la construcción de un sistema de salud que en realidad satisfaga en igualdad de condiciones el derecho fundamental a la salud para todos los colombianos, tanto preventiva como curativa a partir de la posibilidad real de contar con la infraestructura física adecuada, la asistencia médica oportuna, quirúrgica y farmacéutica, el tratamiento a las enfermedades infecciosas, epidémicas y pandémicas que hoy afectan a la población, más allá del interés de los monopolios de la salud que convirtieron este servicio en un negocio que produce grandes rentabilidades a expensas de la vida y de la explotación económica del trabajo de cientos de miles de médicos, enfermeros(as), empleados y trabajadores en general que laboran en las entidades de salud del país.
De igual forma es necesario recordar que las reformas no constituyen más que un medio y no un fin en sí mismo, en tanto que las fuerzas políticas y sociales, democráticas y progresistas tienen la obligación moral y política de participar activamente en la lucha por un verdadero cambio social que finalmente garantice el acceso a la salud de manera gratuita y en igualdad de condiciones para los colombianos, acorde con las nuevas tecnologías que ofrece la ciencia médica general y especializada.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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