Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Desde algunos sectores políticos se ha difundido la idea de que es necesario prolongar los plazos para la presentación y aprobación de los Planes de Desarrollo de los entes territoriales, en razón de la situación que se vive en todo el país como consecuencia de la expansión del coronavirus.
Por otra parte se plantea la necesidad de modificar buena parte del contenido de los mencionados planes como consecuencia de la crisis económica que se nos avecina, mediatizada por la calamidad natural del COVID-19 que se ha expandido en todo el territorio nacional.
En este sentido se impone la necesidad de aplazar su discusión y aprobación con el fin de proceder a su revisión, no solo desde el punto de vista de sus objetivos, metas y fines, sino del destino de las inversiones en los diferentes proyectos y programas, los cuales deberán atemperarse a las nuevas condiciones que se presentan en los municipios y departamentos.
Ahora bien, los cambios en la orientación de los proyectos y programas deberán consultar la nueva realidad basada no solo en la experiencia que nos conduce al simple pragmatismo sino en el conocimiento profundo de las relaciones sociales que establecen e interesan a los ciudadanos de carácter económico, político, social, ambiental, cultural, etc., y que los gobernantes deben atender, además de su obligación de asegurar la participación democrática de aquellos.
Es así como uno de los aspectos en el cual se tendrá que hacer énfasis en el plan de desarrollo, es el que hace relación a la salud, que no obstante constituir en el papel un derecho constitucional fundamental no se garantiza real y materialmente y por el contrario se ha convertido en un jugoso negocio que controlan y manejan EPS e IPS en todo el país y que por lo demás muy poco han contribuido con la atención de los usuarios que hoy padecen los rigores del Coronavirus.
Pero además en los planes de desarrollo deben estar consignados los lineamientos generales y particulares de las políticas públicas contra-cíclicas, encaminadas a enfrentar la crisis económica que seguramente se prolongará en el tiempo y en el espacio y cuyas consecuencias negativas se manifiestan en el estancamiento de la actividad económica local y regional, dejando como secuelas mayor desempleo, empobrecimiento y desigualdad social.
Los caleños tendrán que ser conscientes de esta situación en tanto que el alcalde Ospina debe entender que ante esta nueva realidad se impone la necesidad de revisar e introducirle una serie de cambios al Plan de Desarrollo y al Plan de Inversiones. Lo cual demanda no solo de su reorientación sino de la metodología que debe emplearse para la implementación de los proyectos y programas a seguir, siempre y cuando se cumpla con la función administrativa de preservar el interés general y propender por el bienestar en igualdad de condiciones para todos los caleños y vallecaucanos.
Por lo anterior, invitamos al alcalde y a los concejales a replantear el plan de desarrollo y a atender las observaciones y sugerencias ciudadanas con un espíritu crítico y a la vez constructivo, como la mejor forma de dirigir, administrar y ejercer el control político de los asuntos de la municipalidad y del pueblo caleño y vallecaucano.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
