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Jean Nicolás Mejía H
Profesional Ciencias políticas - Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 28 años, Máster en cooperación internacional y organizaciones internacionales de la Universitat de Barcelona
El agua es el recurso vital más valioso que el ser humano tiene, pues se configura como un elemento esencial para la vida misma. No obstante, una gran parte de la población mundial no tiene acceso a ella puesto que el acceso a este bien es finito y poco equitativo.
Según Naciones Unidas, una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso al agua potable. En cifras macro, son 2.000 millones de personas y las previsiones no son las mejores; y la creciente escasez de agua afectará a más del 40% de la población mundial en los próximos 5-10 años. El informe “Progreso del agua potable, el saneamiento y la higiene en los hogares 2000-2020” publicado por el Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene (PCM) de la OMS y Unicef demuestra que la gestión del agua por parte del sistema internacional ha sido, por lo poco, mediocre.
Las dinámicas propias del sistema han hecho que el acceso al agua esté determinado por la capacidad económica de las personas, confundiendo a este recurso como un privilegio, cuando en realidad es un derecho, un derecho universal. Los países más ricos tienen una gran infraestructura de cobertura y saneamiento del agua potable, eliminado una importante brecha social de acceso al agua, pero en los países en vías de desarrollo o menos desarrollados, en donde existe una brecha económica más significativa, los ricos tienen más acceso al agua potable que los pobres, y las zonas urbanas tienen infraestructuras más desarrolladas en comparación de la precariedad en las áreas rurales.
En consecuencia, la conclusión es que las dinámicas económicas determinan el desarrollo de infraestructuras y de acceso al agua potable, eximiendo a los gobiernos y su gestión de las responsabilidades propias de garantizar el derecho universal que tienen todos los seres humanos al agua; pero esto no es así, Paraguay ha demostrado que no hace falta ser un país hegemónico ni extremadamente desarrollado para poder hacer una buena gestión sobre el agua en función de las necesidades propias de la sociedad.
Para Luis Felipe López -Calva, la 15va economía de Latinoamérica ha desarrollado “una cobertura casi universal de acceso al agua potable”, puesto que en comparación con países latinos que también hacen una buena gestión del recurso ( como Uruguay), Paraguay ha encontrado una forma de repartir el agua de forma más ecuánime.
La clave del éxito paraguayo radica en una buena organización gubernamental para la gestión del agua. en 1972, gracias a la Ley 369 de 1972 se creó el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental en Paraguay. Esta ley contempla también un modelo comunitario de descentralización del manejo del agua, quitándole toda la concentración al estado y dando autonomía a la figura que se fue creando de esta descentralización: las juntas de Saneamiento, que a su vez reciben asistencia central del Servicio Nacional de Saneamiento, y permanente capacitación.
Las Juntas de Saneamiento son organizaciones comunitarias “constituidas por vecinos de cada localidad y son quienes operan y mantienen los sistemas de agua” en palabras de la directora del Servicio Nacional de Saneamiento, Sara López (BBC Internacional) Actualmente, hay aproximadamente 4.000 Juntas de Saneamiento, y se conforman por cinco personas: el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero y el vocal, que se eligen mediante una Asamblea constitutiva. No perciben un salario por este trabajo y son reemplazados cada 5 años.
El modus operandi es similar al de una empresa, externalizan funciones propias del saneamiento pues contratan plomeros y operarios para 1. la obtención del agua desde su estado natural (perforando los suelos) y creando los mecanismos para su extracción, edificando la infraestructura de distribución y delegando posteriormente el saneamiento y mantenimiento de estas infraestructuras.
Estas personas sí reciben un salario por estos servicios, que proviene de la tasa impositiva del consumo mínimo mensual del agua, en donde mientras más se consume, más se paga, generando un sistema de economía circular “privado” que se autorregula y se autogestiona, monitoreado por el gobierno, Los precios del agua, los determina cada Asamblea constitutiva, fijando ese mínimo de consumo, determinado por el Servicio Nacional de Saneamiento.
Para López, todavía hay mucho por hacer territorio paraguayo, pues considera que hay poblaciones pobres que no tienen acceso al agua, y está dispuesta a ponerse en la ardua tarea de seguir profesionalizando las Juntas de Saneamiento y capacitando ciudadanos para gestionar, cuidar, aprovechar y compartir -todo en dimensiones colectivas- el agua potable.
Esta debería ser la premisa de todos los gobernantes a escala local, regional y global, antes de seguir capitalizando el agua y seguir por ese -de momento- camino al que se dirige el sistema internacional: el agua como principal y escaso recurso, y un eje constitutivo de disputas y desacuerdos gubernamentales y sociales por su acceso y uso.
NR: En Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla o en todo Colombia más de 4 millones de personas van a los ríos a cargar aguas crudas o la toman en acueductos rurales sin buen tratamiento o en pozos artesianos con grandes problemas de contaminación
