Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Aunque existe una relación entre la economía y la política esta última puede ejercer una gran influencia sobre aquella, ya sea acelerando, retardando o estancando su crecimiento y desarrollo.
Y de ahí que los gremios empresariales insistan en que el gobierno del presidente electo Iván Duque propicie a través de la política fiscal, monetaria, cambiaria, las condiciones para lograr que la economía del país crezca alrededor del 2.6% para el 2018 y de 3.3% para el 2019, lo que significa que el Estado debe ofrecer entre otros aspectos mayor confianza a los empresarios, aumento del gasto privado, estímulos al consumo de los hogares, mantenimiento de bajas tasas de interés y de inflación, estabilidad jurídica y defensa de los derechos de la propiedad privada, para de esta manera conseguir el objetivo deseado.
Se advierte que las mejores propuestas de crecimiento y desarrollo deben ser enfocadas por el gobierno a través de políticas públicas encaminadas a fomentar el sector petrolero y de minería, el industrial, comercial y de los servicios en estrecha relación con la inversión extranjera directa, a la cual se le ha abierto las puertas sin mayores requerimientos a todo lo largo y ancho del país.
Por otra parte ya se habla de convertir a Colombia “en un país de propietarios” a la cabeza de la cual estaría una gran población integrada por la denominada clase media que abrirá el camino de la movilidad social y la posibilidad de reducir supuestamente las desigualdades sociales en materia de ingresos y territoriales, además de favorecer la soñada sostenibilidad ambiental.
Lo anterior sin embargo choca con una realidad económica, política y social de un Estado debilitado e incapaz de implementar en la práctica las reformas para impulsar el crecimiento económico y mejorar sustancialmente los índices macroeconómicos que hoy presenta el país, amén de que el Estado no expresa por igual los intereses de todos los colombianos y en los hechos les da un trato desigual a pobres y ricos en relación con la garantía y el cumplimiento de los derechos y deberes económicos y sociales.
Y es que los ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones del Estado y en consecuencia será muy difícil conseguir su apoyo para realizar los cambios que se propone el nuevo gobierno y recuperar de esta forma la política pública para el servicio de todos los ciudadanos y no de un sector privilegiado de la sociedad.
El hecho real es que a pesar de que las encuestas muestran que en el país han caído los índices de pobreza, la población en general no goza del bienestar ni de la prosperidad de que tanto se habló durante el mandato del gobierno Santos que entrega un país con un bajo crecimiento económico y unas instituciones permeadas por la corrupción y la polarización política.
Lo anterior demanda de las fuerzas democráticas y progresistas que han irrumpido en la vida pública, romper el hilo conductor que une la economía neoliberal con la política que favorece los intereses del gran capital y explota bajo diferentes formas el trabajo de miles de colombianos que hoy están dispuestos a pasarles su cuenta de cobro a las viejas y nuevas oligarquías que continuarán gobernando en el país con el gobierno de Iván Duque, bajo el amparo de un nuevo ropaje, tras del cual se ocultan el autoritarismo, la demagogia y el populismo presentes en el acontecer histórico de nuestro país.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
