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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Este asunto cobra especial importancia en momentos en que la sociedad caleña se estanca en medio de una profunda crisis económica, política, social, cultural, ambiental e institucional, que abarca el conjunto de la administración central y el Concejo Distrital, empeñados en mantener y proteger los viejos y nuevos privilegios de clase, grupos sociales y personales, que por décadas se reproducen en el poder, agravándose con ello los conflictos sociales que se agudizan cada vez más ante la ausencia de verdaderas soluciones a los problemas que se presentan históricamente con el deterioro de las condiciones materiales y espirituales de la ciudad y e sus habitantes.
De esta manera se considera que la crisis por ejemplo del sistema de transporte masivo MIO se resolverá inyectándole nuevos recursos del presupuesto bajo la forma de subsidios a la demanda, sin entender las causas generadoras de la crisis que a su vez han causado un gran déficit económico, financiero y operativo, derivado en buena parte en el hecho de que la mayoría de los caleños dejaron de utilizar dicho medio de transporte que no satisface sus necesidades de movilización en forma eficiente y segura, viéndose obligados a recurrir a otras modalidades que compiten en desigualdad de condiciones con el MIO.
En este sentido resulta sintomático lo que pretenden hacer con la transformación de la estación Calima para convertirla en una especie de “terminalito” a la que se supone deben llegar los pasajeros intermunicipales que abordarán los articulados aumentándose el número de aquellos y el recaudo con la adquisición de tiquetes, además de autorizar el funcionamiento de oficinas de EMCALI y de algunas dependencias de la administración Distrital relacionados con la infraestructura y bienestar social, etc., circunstancia que congestionará dicha estación para efectos de la prestación de tales servicios públicos que hoy se prestan en los CALIs que operan en diferentes sectores de la ciudad.
Dicha política se extenderá a otras estaciones como la de Calipso, en donde el presidente de Metrocali y el alcalde han pensado en que podrían funcionar algunos puestos relacionados con ventas de productos y servicios a los usuarios del transporte masivo, agravando la movilidad al interior de la estación derivada de la inmensa congestión que se producirá en la misma y generando todo tipo de incomodidades a los usuarios.
La razón para que los caleños no crean en sus autoridades, responde así mismo a la actitud de carácter arbitrario y negligente de algunos funcionarios públicos que tratan de mala manera a los ciudadanos que reclaman sus derechos y libertades individuales y colectivas, tal como por ejemplo sucede con los desalojos de los ocupantes de hecho del espacio público o de los predios públicos o privados, según viene sucediéndose con los desalojos de varias familias del Jarillón del Rio Cauca o de las laderas adyacentes a Cristo Rey.
Desde luego aquí no se trata de que las autoridades no cumplan con el deber de proteger los bienes públicos o privados que permanentemente son objeto de dichas contravenciones o delitos, sino de que la administración no cuenta con una política definida en estas materias diferente a la simple represión, al tiempo que los funcionarios que toman las decisiones tan solo se limitan a realizar análisis superficiales y externos de dicha realidad que de manera reiterada se produce en la ciudad, con una administración que poco o nada ofrece como solución real a los problemas de la vivienda para sus habitantes.
Otro tanto se produce en el caso del control y manejo del tránsito automotor en la ciudad que se lucra en alguna medida con la imposición de multas muchas de ellas injustificadas en contra de los conductores, con las cuales se nutren las arcas municipales y se acrecientan los ingresos de la secretaría del ramo sin mayores esfuerzos al de ser una dependencia alcabalera. Circunstancia que amerita un replanteamiento del modus operandi en este caso a partir del cual se podrían combinar las medidas coactivas con las de simple amonestación acordes con la situación concreta y objetiva que se presente en la realidad y al tenor de lo establecido en el Código nacional de Policía y Convivencia.
El examen de los fenómenos y procesos que surgen en la sociedad como producto de la actividad de los seres humanos, demanda de quienes se encuentran al frente de la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos públicos de una nueva actitud ajena a toda influencia aparente e ilusoria que descarta la posibilidad de profundizar en el contenido esencial de la propia realidad que tienden a deformarla y hacer que ciertos funcionarios públicos se sitúen por encima del interés general o en contra de los ciudadanos que por este motivo y muchas otras razones no acatan las decisiones de las autoridades, ni creen en ellas ni en sus instituciones.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
