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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
De acuerdo con lo expresado por el economista Jens Arnodls de la OCDE en entrevista al diario económico PORTAFOLIO del 1 de diciembre de 2021, en Colombia se puede implementar un sistema tributario de ingresos y beneficios con el cual se podrán reducir de manera sustancial la pobreza y las desigualdades económicas.
En este caso se trataría de hacer una serie de reformas para ajustar el déficit fiscal, reducir la deuda pública e impulsar el crecimiento económico con el aumento de la productividad del trabajo y la incorporación de nuevas empresas que compitan entre sí en el mercado, conjuntamente con la reducción de las barreras arancelarias para finalmente adoptar un nuevo sistema de protección social en favor de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El tema de la pobreza y de las desigualdades económicas se convirtió en el centro del debate ideológico y político, alimentado con las diversas teorías de economistas, politólogos, sociólogos, etc., que exponen diversos argumentos relacionados con estos asuntos que agobian a la población, especialmente en tiempos de crisis económica y sanitaria por la que atraviesa el mundo capitalista globalizado.
En tales circunstancias se considera que las políticas reformistas encaminadas a incrementar los impuestos al capital o por lo menos obligar a los mas pudientes a pagar los existentes, no consiguen sin embargo mejorar la distribución del ingreso y de la riqueza social. En este sentido la experiencia práctica e histórica ha demostrado hasta la saciedad que la decretación y aplicación de nuevos impuestos no detiene el proceso de concentración y apropiación de la riqueza social en pocas manos estimulada por la competencia con el desarrollo de las nuevas tecnologías que le permiten a los capitalistas que las poseen obtener máximas ganancias con el mínimo de costos de producción.
Por otra parte, no hay que olvidar que los dueños del capital gozan de toda clase de privilegios legales como exenciones, deducciones tributarias, subsidios, franquicias y otros, al tiempo que el grueso de los impuestos, contribuciones, tasas, etc., recaen sobre los individuos pertenecientes a los estratos medios y populares de la población, en tanto que los subsidios y ayudas monetarias que se entregan -en este caso- con ocasión de la pandemia del COVID-19 en Colombia, no dejan de ser más que paliativos y un porcentaje mínimo de lo que representa el valor real del costo de la canasta familiar.
Y aunque en algunos casos los grandes capitalistas están dispuestos a pagar incluso altos impuestos con los cuales el Estado atiende el déficit fiscal que generan los gastos concernientes al funcionamiento del Estado y los costos de la deuda pública y del gasto social, lo cierto es que buena parte del valor de los gravámenes se trasladan a los consumidores a través de los precios de los productos, bienes y servicios que se venden en el mercado, recuperándose de esta manera el capital invertido con los costos y las ganancias respectivas.
Está claro que con la aplicación de dichas políticas reformistas no será posible erradicar las causas que generan la pobreza ni las desigualdades económicas. Entretanto la situación de las clases y grupos sociales que en Colombia viven de su trabajo y padecen los rigores de la crisis económica agravada con la pandemia del COVID-19, perdieron sus empresas, su trabajo e ingresos, y no podrán superar su estado de pobreza con la implementación de aquellas reformas que en la práctica se convierten en un sofisma de distracción, mientras subsisten las causas que originan dicha situación. Por tanto el camino a seguir no es acceder a las reformas que se recomiendan desde la OCDE con las cuales solo se crea la apariencia de reducción de la pobreza y las desigualdades económicas, en tanto se reproducen las condiciones deplorables en las que tradicionalmente han vivido los colombianos las cuales se ocultan con estadísticas amañadas para “justificar” el empleo de las políticas públicas de estirpe reformista, que maquillan la realidad social.
ADENDA: En toda una estrategia especulativa y financiera, el grupo GILINSKY conjuntamente con su socio árabe Adu Dhabi, buscan apropiarse de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño GEA, del cual hacen parte Nutresa que domina el mercado de comidas procesadas, cementos Argos y la Suramericana de Seguros, con lo cual adquirirían un inmenso poder que se reflejaría necesariamente en la vida económica y política del país, desde el punto de vista de la dominación de este monopolio y del capital financiero sobre los pequeños, medianos y grandes empresas no monopolistas que serán absorbidas o desplazadas del mercado, generándose con ello una mayor concentración de la producción, el comercio, el crédito, los seguros, el transporte, las comunicaciones, etc., todo lo cual ocurre con el beneplácito del Estado colombiano que establecerá acuerdos y vínculos en el marco del capitalismo monopolista de Estado tras del cual opera el gran capital financiero nacional y transnacional.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
