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Pasa lo mismo que hace 4 años, los abogados y los empresarios discuten sobre una clausula para contratar con el Estado, dependiendo del resultado en las elecciones. Y esto se daría en el caso de un triunfo de Gustavo Petro, donde la Constitución colombiana y la Ley mercantil generan derechos de libertad para establecer condiciones para contratar con el Estado o establecer negocios legales; es antiguo y los estudiantes lo han conocido como la clausula de efecto material adverso, como condición resolutoria que puede ser pactada dentro de la libertad de las partes, en un contrato para minimizar o mitigar los riesgos. En este caso se trata de los riesgos políticos donde el contratista y el contratante pueden resolver el contrato ante un cambio de circunstancias que afecte el equilibrio contractual con la posibilidad de una de las partes para cumplir con el contrato.
El código Civil Colombiano tiene claramente definida la libertad contractual, o autonomía de la voluntad de las partes para materializar libremente un contrato, donde haya dificultades políticas, orden público, buenas costumbres y por lo tanto los riesgos el Estado le da la posibilidad al contratista o al contratante, de tener en sus diseños clausulas que le den solución a los contratos.
En ninguna parte hay contravención de normas contra los contratos o contra el desarrollo de las elecciones, por más injundiosos del derecho que existan con nivel de magistratura. La inversión extranjera y nacional por supuesto que esta supeditada a estos vaivenes y serán los aspirantes a la Presidencia de la Republica quienes alerten y puedan generar riesgos para el desarrollo de un derecho constitucional (Art. 333) como es la iniciativa privada.
Y son los candidatos los que puedan generar el pánico económico o aumentar o disminuir los riesgos de la actividad legal que puedan tener las empresas colombianas y extranjeras. Si resultare ganador un candidato con un programa de gobierno que aislé la inversión privada, como ha pasado recientemente en Perú y ahora en Chile, los empresarios también tienen el derecho a no afectar sus intereses y prever los riesgos.
Que viva el país libre y democrático.
