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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Para algunas organizaciones gremiales como la ANDI y Fedesarrollo el nuevo gobierno que se posesionará el 7 de agosto, debe asumir cuanto antes la tarea de enfrentar el desempleo, la inflación y el déficit fiscal considerados como aspectos fundamentales a resolver mediante reformas a fin de impulsar la reactivación económica después de que el país comenzara a superar la crisis económica y pandémica, la cual dejó como consecuencia la existencia de casi un millón doscientos mil trabajadores cesantes a quienes les quedará muy difícil recuperar sus puestos de trabajo, al tiempo que la inflación se incrementó notablemente generando un alza de los precios en los bienes y servicios, particularmente de los alimentos, afectándose con ello la sostenibilidad alimenticia y el crecimiento de la economía, especialmente para el primer semestre del 2022.
Al respecto se proponen como alternativas de solución a corto y mediano plazo varias medidas que van desde la reducción de los aranceles, la creación de fondos especiales para subsidiar a los sectores productivos, hasta la aprobación de políticas públicas para subsidiar a la pequeña y mediana empresa y mejorar así la capacidad de los trabajadores con miras a crear nuevos puestos de trabajo, etc.
Aquellas propuestas y medidas sí bien es cierto revisten una especial importancia económica y social, muy poco es lo que benefician a los trabajadores que quedaron sin empleo y sufren un deterioro de su condición económica y social, en tanto que los verdaderos beneficiarios son quienes detentan el gran capital monopolista y financiero asociados con el Estado, que en tiempos de la globalización se quedan con la mayor parte de la riqueza social, ya que poseen grandes inversiones de capital en la industria, el comercio, el transporte, las comunicaciones y la economía de los servicios, además de ejercer gran influencia en el sector agroindustrial del cual se surten de materias primas y de toda clase de bienes para la exportación.
Lo anterior no impide para que se plantee la posibilidad de que las fuerzas progresistas y democráticas comprometidas con el cambio social liberen al país de continuar viviendo en la pobreza y en el subdesarrollo lo que conlleva a la necesidad de sustituir las viejas relaciones económicas basadas en la propiedad de grandes terratenientes, ganaderos y monopolios nacionales y extranjeros que se apoderan de los recursos naturales y poseen un inmenso poder económico y político en varias regiones de la geografía colombiana.
Se trata en este caso de construir nuevas relaciones económicas que privilegien la propiedad en general desde el punto de vista de su función social y ambiental contenida en la Constitución Política y con las cuales se puedan enfrentar los problemas mencionados, característicos de la sociedad capitalista que tienden a agravarse con las crisis recurrentes del sistema en medio del declive de la economía globalizada que comienza a presentar índices mas bajos de crecimiento económico en tanto que sus clases dirigentes no tienen la vitalidad para manejar los asuntos del Estado y de la sociedad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
