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*PABLO A. BORRERO V. / LUZ BETTY J. DE BORRERO
De conformidad con la Constitución de 1991 el Estado Colombiano debe destinar un porcentaje del presupuesto nacional para atender el denominado gasto público social, con el fin de financiar su costo en materia de educación, salud, agua potable, saneamiento básico, los cuales se ejecutan de manera desigual entre los diferentes entes territoriales; además de una serie de subsidios creados posteriormente como por ejemplo, familias en acción, jóvenes en acción, Colombia mayor, etc., fuera de los que se han creado últimamente con ocasión de la pandemia del COVID-19 en favor de personas vulnerables y de pequeñas y medianas empresas, que sin embargo muy poco o casi nada les sirven a sus beneficiarios para cubrir sus necesidades básicas fundamentales y de otra índole.
Y de ahí que se considere el sistema fiscal y presupuestal como el factor más importante de redistribución de las rentas en favor de los más necesitados y vulnerables, convirtiendo dicho sistema en un instrumento dirigido a atenuar las diferencias y desigualdades sociales que se crean entre las clases y grupos sociales en que se encuentra dividida la sociedad.
El hecho real es que cualquier cambio en esta materia tendiente a lograr una mayor redistribución, tan solo puede realizarse sobre la base de aumentar los impuestos directos e indirectos a los contribuyentes pertenecientes a los sectores populares y medios de la población, en tanto que aquellos que reciben mayores ingresos y en consecuencia deberían pagar más impuestos son los que gozan de una serie de incentivos y privilegios, tal como viene sucediendo en el país con las reformas tributarias aprobadas recientemente por el congreso de la república y con las cuales se reducen los impuestos con que se gravan las rentas de capital.
En la actualidad algunas organizaciones gremiales y empresariales le han pedido al gobierno del presidente Duque que presente una nueva reforma tributaria mediante la cual “la mayor carga fiscal caiga sobre los hombros de las empresas y de las personas más ricas del país” (Portafolio, 3 de junio 2021). Todo esto con el fin de atender el gasto público social extraordinario generado durante la crisis económica y sanitaria por la cual atraviesa el país en la actualidad.
La experiencia práctica e histórica ha demostrado hasta la saciedad que el incremento de los impuestos, tasas y contribuciones a las empresas y sectores más pudientes no detiene el proceso de acumulación y reproducción del capital, lo cual hace parte de la lógica del sistema capitalista, cuya función principal es producir máximas ganancias con el mínimo de costo posible, lo que conduce irremediablemente a una mayor apropiación de la riqueza social estimulada por la competencia a nivel global.
Por otra parte, es cierto que en países como Suecia, Noruega, los Estados Unidos de Norteamérica y la Eurozona, se gravan las ganancias con altos impuestos que el Estado utiliza para atender la educación, la salud, la vivienda, el desempleo, etc., en procura de garantizar los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, lo cual no significa que en cualquier momento sus derechos no se vean disminuidos tal como está sucediendo en este momento con la crisis y el declive del régimen capitalista globalizado, llevando a miles de trabajadores a perder sus empleos y viviendas, reducir sus salarios, pensiones y en general, desmejorándose su condición económica y social.
El que los empresarios estén dispuestos a pagar nuevos impuestos no les impide trasladar dichos valores a los consumidores a través de los precios de los productos, bienes y servicios, que ofrecen en el mercado, recuperando así el capital invertido con los costos y las ganancias respectivas.
No obstante la demagogia y el populismo con las políticas sociales del Estado y los ofrecimientos de los empresarios, el régimen no está en condiciones de solucionar los problemas atinentes a la pobreza y la desigualdad social en el campo de la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la seguridad alimentaria y mucho menos asegurar “la prosperidad general” de que se habla en la Constitución Política, si por otra parte se imponen ciertas reformas de estirpe neoliberal, frente a las cuales los ciudadanos deben estar atentos y dispuestos a impedir que se impongan so pretexto de la reactivación económica, aprobadas con la anuencia de los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República, cuyo papel es consolidar los lazos entre el conjunto de la institucionalidad y los monopolios que representan al gran capital nacional y transnacional.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
