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Por Benjamín Barney Caldas
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011
La ciudad, en tanto un conjunto de construcciones y vías, es un objeto de uso eminentemente público, pero si se construye sobre suelos privados, surgen problemas para su muy necesaria planificación urbano arquitectónico, y luego para el cumplimiento de esta y las modificaciones que se deban hacer; problemas que generan comportamientos no éticos de parte de funcionarios y profesionales y a la corrupción a diversos niveles.
Ciudad y democracia tienen un origen común en la Grecia clásica pero cuando esta no la hay de verdad respecto al uso prioritariamente público de su suelo privado, ya la ciudad no es tan ciudad, como es el caso de Cali.
Desde la Independencia los ejidos de Cali fueron quedando poco a poco en manos particulares hasta desaparecer del todo; y actualmente las tierras que rodean la ciudad son ahora todas de propiedad privada y dedicadas a usos agroindustriales, pero al urbanizarlas multiplican varias veces su valor por metro cuadrado, lo que lleva a que se urbanicen, incluso fomentando invasiones, sin importar si deben ser o no nuevas partes de la ciudad, y obteniendo servicios públicos a base de presiones o corrupción. El resultado es que en ciudades donde la propiedad de la tierra es privada, esta pasa a ser la determinante de su crecimiento, que no de su desarrollo, llevándolas al caos.
Por otro lado, la propiedad del suelo de los espacios públicos, como lo son calles, avenidas, plazas, parques y zonas verdes, es del Municipio, igual que la de todos los edificios públicos locales, y los del Departamento o la Nación son también del Estado; pero no así la de las construcciones privadas que también lo es de particulares. En otras partes el suelo urbano es propiedad del Estado y es el espacio físico objeto de la ordenación del territorio y en virtud de la cual es delimitado, estableciendo las zonas adecuadas para servir de soporte a los edificios, a las infraestructuras y a los espacios públicos, o manteniéndolo preservado de la urbanización.
En consecuencia, los Planes urbano arquitectónicos de la ciudad, indispensables para orientar correctamente su crecimiento, no suelen ser los más indicados, o se modifican o abandonan con cada nuevo gobierno municipal, o simplemente no se cumplen, lo que ha llevado al actual caos de Cali, debido a la incapacidad de considerar todas las variables que definen los acontecimientos futuros. el que perjudica a todos. Caos que avanza de la mano de la propiedad privada del suelo urbanizable, que ha llevado a que Cali crezca sin planificación efectiva alguna, pese a que nunca tuvo tantos “planes” como ahora. Antes su crecimiento era sencillamente parte de su cultura.
Sin embargo la solución parecería sencilla: los planes urbano arquitectónicos deben primar absolutamente sobre la propiedad privada de la tierra, y sus codiciosas expectativas económicas se deben compensar mediante la pertinente aplicación de los impuestos prediales y de plusvalía, eliminado la “lotería” que significa tener tierra al lado de una ciudad que crece muy rápido. Las preguntas pasan a ser, entonces: ¿Cómo impedir en la Alcaldía y el Concejo la utilización indebida de sus funciones en provecho de sus funcionarios? ¿Cómo se puede evitar la corrupción si esta es parte de una ancestral cultura? El que peca y reza ¿empata?.
