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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Algunos exministros de Hacienda y Crédito Público decidieron hacerle varias recomendaciones al designado ministro de Hacienda Dr. Ocampo, relacionadas con el manejo de las finanzas públicas, el gasto social, la seguridad y el orden público, desligando dichos asuntos de la “tentación del populismo”, para lo cual se requiere de una gran capacidad de negociación y de conciliación entre el gobierno y los grupos de interés predominantes en la sociedad.
En este caso se busca lograr cierta estabilidad política y solidez económica con el fin de gobernar sin mayores sobresaltos y así poder afrontar las dificultades que presenta el país en materia económica, política y social.
Para lograr dichos objetivos se debe contar con una agenda política conteniendo iniciativas y reformas que se espera sean convertidas en leyes y actos legislativos, prometidas durante el desarrollo de la campaña electoral.
La pregunta que cabe hacerse en este momento es sí el gobierno que se posesiona el 7 de agosto podrá mantener el respaldo de los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso de la República para la aprobación de la agenda legislativa que se ha empezado a conocer y que se debatirá en el seno de las comisiones de la corporación legislativa, que en principio contará con el aval de los aliados del gobierno del pacto histórico; o si por el contrario “la luna de miel” será muy corta y limitada dadas las condiciones y circunstancias políticas que se viven en el país con la polarización y la insatisfacción de amplios sectores poblacionales ante la posibilidad de que se aprueben e implementen reformas con las cuales se introducen algunos cambios en asuntos relacionados con la salud, la educación, los impuestos, la creación de nuevos ministerios, etc.
Todo puede pasar con una alianza política variopinta y un gobierno presidido por un dirigente político socialdemócrata, interesado en desarrollar el capitalismo acentuando la presencia del Estado en los asuntos relacionados con la vida económica, política y social y como dice el economista y exministro de Hacienda y Crédito Púbico Mauricio Cárdenas, “tratando de conciliar una agenda progresista reformista que busque resolver los problemas sociales, de equidad que tiene Colombia”, “…y seguir manejando las finanzas públicas bajo unos parámetros donde prime la responsabilidad”.
No es casual que en medio de la crisis general del capitalismo se proponga incluso para nuestro país la adopción de toda clase de medidas regulatorias, que conllevan a una mayor intervención del Estado en la producción, distribución, intercambio y consumo de productos, bienes y servicios, lo cual al parecer será la fórmula a seguir en materia de política económica, con el fin de afianzar el proceso de recuperación económica del país y reducir el desempleo, en tanto persisten las causas que generan la pobreza y la desigualdad social y sin que exista la más mínima posibilidad de erradicarlas en tanto no se cambien las relaciones económicas que conducen a la concentración de la riqueza social en pocas manos, lo cual se realiza bajo la sombrilla de las concepciones y teorías económicas del capitalismo popular, que convierte a los trabajadores en accionistas de las empresas o del Estado del bienestar general que interviene en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad encargado de entregarles subsidios, reducirles los impuestos, etc., atenuando de esta manera la lucha social por un verdadero cambio en interés de toda la sociedad o por lo menos de su mayoría, entretanto se fortalece el poder del gran capital financiero que constituye el verdadero poder económico y político de la sociedad con sus monopolios, ligados a la gran industria, el comercio, el transporte, las comunicaciones y la economía de los servicios.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
