Derechos y deberes de los caleños

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

En términos generales puede decirse que en la ciudad de Cali existe un desequilibrio entre los derechos y deberes de los caleños. En tanto que de los derechos propiamente dichos se apropian los individuos pertenecientes a las clases dirigentes, dejando en cabeza de los demás ciudadanos el cumplimiento de los deberes, rompiéndose con ello el equilibrio entre estos dos aspectos jurídicos y políticos que integran las relaciones sociales.

Dicho desequilibrio se manifiesta de una parte, en la falta de oportunidades para ejercer plenamente los derechos consagrados en la Constitución, las leyes de la república y los tratados internacionales. Y de otra parte, con las limitaciones en materia política impuestas por los gobiernos locales (libertad de expresión, de prensa, etc).

Esta situación tiende a complicarse cuando se intensifican los reclamos y protestas por la limitación de los derechos en su máxima expresión generándose con ello un desequilibrio entre los derechos y deberes lo cual se hace  recurrente respecto de los derechos socio-económicos y socio-políticos, frente a los cuales las autoridades no cumplen con el deber de asegurar su ejercicio en igualdad de condiciones para todos los caleños, al tiempo que facilitan su ejercicio a sus aliados políticos y socios con la contratación oficial.

Así las cosas, al no construir las condiciones reales y concretas para la realización de los derechos, tampoco será posible su ejercicio promoviéndose con ello un gran vacío que no puede llenarse apelando simplemente a la lógica jurídica que plantea formalmente que no pueden existir derechos iguales sin deberes iguales.

Ahora bien, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en las normas jurídicas implica el cumplimiento de ciertos deberes y obligaciones relacionados con el respeto y apoyo a las autoridades democráticamente elegidas, a la defensa y difusión de los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica y social y a la participación en la vida política, cívica y comunitaria de la ciudad, acorde con las necesidades culturales y naturales y la defensa de un ambiente sano. Además de la obligación de contribuir con el pago oportuno de los impuestos con el fin de asegurar el funcionamiento del aparato administrativo en lo correspondiente a los gastos y a las inversiones en la prestación de los servicios públicos de educación, salud, la asistencia social, la justicia, la seguridad, etc.

Entretanto el desequilibrio entre los derechos y los deberes ha incrementado la desigualdad económica y social no obstante la disminución en algunos casos de los índices de pobreza, aunque los ciudadanos temen que, con la desaceleración de la economía y el aumento de la inflación, aquellos sectores que antes gozaban de alguna estabilidad relativa, desciendan en el escalafón social.

Estos aspectos indican que en las actuales condiciones de la sociedad caleña la posibilidad de ejercer los derechos decrece en comparación con el cumplimiento de los deberes, particularmente en tratándose de los impuestos, tasas y contribuciones que los gobiernos de turno les imponen a los contribuyentes especialmente a los sectores medios y populares de la ciudad, generándose con ello nuevos conflictos sociales, al paso que en el seno de la sociedad caleña se impone el poder del dinero por encima de la voluntad del pueblo sobre el cual se descarga todo el peso de los deberes y de las obligaciones con los cuales se rompe el equilibrio entre el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes a cargo del ciudadano y de las competencias de la propia administración distrital.

Sobre este asunto fundamental y el futuro de la ciudad no solo se debe reflexionar sino realizar un balance de la gestión administrativa de los gobiernos de los últimos años con el fin de establecer el camino a seguir pensando y actuando siempre en la necesidad de defender los derechos, libertades de los ciudadanos, además de exigir a las autoridades facilitar la participación democrática de aquellos en las decisiones fundamentales relacionadas con los intereses y necesidades comunes del pueblo caleño, con el fin de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y equitativo.

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social