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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Existen muchas expectativas en torno a la posibilidad de que en el país se produzcan una serie de cambios promovidos por el nuevo gobierno del presidente Petro. Sin embargo, algunas personas consideran que la sociedad debe enfrentar una situación muy difícil de superar en el corto y mediano plazo, en tanto que el proceso de desaceleración de la economía, el aumento de la persistente inflación, el incremento del gasto público, la reducción significativa del consumo de los hogares, hacen cada vez más difícil adelantar los cambios prometidos dirigidos a garantizar el bienestar en igualdad de condiciones para todos los colombianos.
Aunque se prevé que con la entrada en vigencia de la nueva reforma tributaria aprobada por el congreso de la república el nuevo gobierno contará con mayores ingresos totales aproximados a los 29.5 billones de pesos, aumentándose con ello las proyecciones en materia fiscal y del gasto social, todo ello dependerá de la forma y medida de la aplicación práctica de dichos recursos para la solución de los problemas que afronta la nación sumida en buena parte en la pobreza y en la informalidad, las cuales han crecido sistemáticamente con la crisis general que hoy padece el mundo capitalista globalizado.
El gobierno del presidente Petro se empeña en bajar la tasa de desempleo e incrementar el gasto social como parte fundamental de su política del cambio social contenido en las reformas que presentará al congreso en cuestiones laborales, pensionales, de salud, justicia, con las cuales pretende resolver los problemas del país atinentes a la vida económica y social y por supuesto siempre y cuando existan las condiciones reales y no simplemente formales para que se puedan realizar y consolidar. En esto juega un papel importante la concepción ideológica y política que se tenga conjuntamente con la organización de las fuerzas democráticas y progresistas comprometidas con el proceso del cambio social.
En este caso no es suficiente lanzar consignas revolucionarias sobre el cambio social, sino ejecutar las tareas cardinales con las masas populares para desarrollar la lucha por su cumplimiento. En tanto que, si se carece de la claridad ideológica y política y se escogen equivocadamente los caminos para convertir el cambio social en una realidad palpitante, es probable que las condiciones objetivas y concretas no se manifiesten generando un gran daño al proceso mismo del cambio social.
En medio de este proceso es necesario confrontar a los opositores del cambio social y partidarios del statu quo abanderados del liberalismo económico y político o del neoliberalismo que han traído grandes calamidades al pueblo colombiano.
La posibilidad del cambio social no surge de las políticas reformistas y populistas que tienden a fortalecer el régimen capitalista y apaciguar el ánimo de los sectores democráticos y progresistas en la lucha social que comparten campesinos, indígenas, afrocolombianos, pequeños y medianos propietarios de tierras y demás sectores populares y medios de la población que aspiran a que el cambio social tenga continuidad en el tiempo y en el espacio y les permita a los colombianos no solo vivir en paz sino poder participar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa y en condiciones de libertad y equidad y de la creación y distribución de la riqueza social y la participación en la vida democrática del país.
Desde el punto de vista económico el cambio social no puede reducirse simplemente a garantizar la competencia en una sociedad en donde los monopolos nacionales y extranjeros imponen los precios de los productos, bienes y servicios que ofrecen en el mercado y acentúan la dependencia económica del país del gran capital transnacional.
Igualmente, el cambio social no puede identificarse con la solidaridad mendicante en favor de aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, a quienes se les debe garantizar trabajo estable y duradero y no la entrega de subsidios del Estado con la cual se estimulan la pobreza y la desigualdad social.
Así mismo, la reforma a la justicia no puede significar meramente un aumento del presupuesto para la rama judicial mientras el ciudadano de a pie espera eternamente por una pronta y cumplida justicia.
Por otra parte, la prestación de los servicios de educación y de salud deben estar al alcance de todos los colombianos en condiciones de equidad y no en consonancia con la capacidad adquisitiva de quienes pueden sufragar los gastos de estos servicios; circunstancia esta que conlleva toda clase de injusticias e inequidades en medio de una sociedad que demanda de nuevos y mejores maestros, profesores, médicos especialistas, tecnólogos, etc.
La reforma agraria no debe circunscribirse al reparto de tierras a la población campesina para garantizar el derecho a la propiedad y una supuesta sostenibilidad alimentaria, de todo lo cual existen suficientes experiencias cuyos resultados han sido siempre los mismos y ahora con la propuesta de la jurisdicción agraria que probablemente estará condenada a repetir el camino de los antiguos jueces de tierras que poco o nada contribuyeron a resolver los conflictos derivados de la tenencia de la tierra.
El cambio social en materia política debe ir más allá de los cambios electorales, en tanto que a los ciudadanos se les debe facilitar la participación real en todos aquellos asuntos de interés general, ya que es imposible concebir el ejercicio de los derechos y libertades de acción de los ciudadanos, sin cumplir con esta premisa fundamental establecida en la Constitución y en la ley. De lo contrario, tan solo se crearán expectativas de cambio para que todo siga igual o peor acorde con la simple apariencia de la realidad económica, política y social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
