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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con toda razón algunos sectores de opinión elevaron su protesta contra las afirmaciones del presidente Duque y sus áulicos en el gobierno por la manera despectiva y prepotente como ha respondido al informe presentado en la semana pasada por el representante en Colombia de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, en donde se recomienda revisar el modus operandi del Esmad y la posibilidad de que el cuerpo de policía pase a depender directamente del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa como sucede en la actualidad.
Dichas recomendaciones fueron calificadas por el mandatario como una intromisión en los asuntos internos del país, en lo que además se consideró como una violación a la soberanía estatal, en virtud de la cual algunos miembros del gabinete y del partido de gobierno clamaron porque se expulsara del país a dicha delegación internacional.
Tal actitud contrasta con la asumida por el jefe del Estado en su reciente visita a Washington ante el llamado del presidente Trump de proceder de inmediato a reiniciar la fumigación con glifosato de los cultivos de coca existentes en varias regiones del país; o cuando el mismo presidente Duque siguiendo los lineamientos de la política norteamericana se inmiscuye en los asuntos de otros países como Cuba o Venezuela, en una clara y ostensible violación del derecho internacional en materia de no intervención en las políticas internas de otros países.
Este doble rasero con el que se mide el manejo de las relaciones internacionales hace parte de la estrategia diplomática que opera desde tiempo atrás y que en el gobierno del presidente Duque conlleva a una mayor dependencia del Estado Colombiano de los dictados de la política norteamericana que con Trump a la cabeza constituye una verdadera imposición, que en este caso de la aspersión aérea con glifosato, pasará por alto las otras opciones legales que se consignaron en los acuerdos de paz en favor de las familias campesinas que se encuentran en este momento sometidas bajo la presión de las mafias del narcotráfico, agudizándose con ello la confrontación armada y el conflicto social que hará imposible la aclimatación de la paz en Colombia.
Otro hecho insólito del poder en cabeza del actual gobierno lo constituye el empleo que se le dará al “fracking” con la promulgación del decreto mediante el cual se establecen las condiciones y requisitos para operar en el inmediato futuro con dicho procedimiento, lo cual a su vez concuerda con la decisión adoptada por el Consejo de Estado por medio del cual se le dio luz verde a los denominados “pilotos experimentales”, que en palabras del alcalde de Villavicencio “no existen las condiciones ni las garantías para hacer “fracking” en Colombia, pues no podemos poner en riesgo la fragilidad ambiental y su enorme biodiversidad por el afán y la dinámica de extraer petróleo y gas”.
Por último, es necesario señalar como un hecho insólito la decisión asumida por la Corte Constitucional que se declaró inhibida antes que entrar a considerar el fondo de la demanda con la cual se buscaba penalizar el aborto incluso en aquellos tres casos con los cuales fueron excluidas las mujeres de incurrir en el delito de aborto, situación similar a la que se presentó con la demanda en virtud de la cual se aspiraba a que se declarara constitucional el aborto voluntario en el marco de determinadas condiciones.
Mientras tanto crecen los casos de muerte de mujeres que no son atendidas en los centros de salud al tiempo que el país carece de una política integral en materia de derechos y obligaciones de carácter sexual y reproductivo, frente a la cual el Congreso de la República ha sido renuente en tramitar y aprobar una ley que permita superar los escollos de esta situación que en otros países ha sido resuelta mediante una legislación adecuada a las necesidades e intereses de las mujeres y de sus parejas estables, reconocimiento este que no debe dilatarse en el tiempo en tanto hace parte de la existencia social e individual de la mujer y de una verdadera concepción humanística y democrática de convivencia social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
