Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En el imaginario colectivo existe la convicción de que en el Congreso de la República se aprueban leyes y actos legislativos desatendiendo el clamor del pueblo y en función de garantizar determinados intereses ligados con el poder económico y político que predomina en el país.
Esta creencia cobra especial relevancia con la reciente aprobación en primer debate del proyecto de ley de reforma tributaria en las comisiones económicas de las dos cámaras del Congreso de la República y con la cual se reemplazó la ley de financiamiento del gobierno Duque, posteriormente declarada inexequible por la Corte Constitucional.
Según se ha podido establecer, de aprobarse dicha reforma serán los empresarios y las multinacionales quienes reciban por concepto de beneficios tributarios mas de 20 billones de pesos que se incrementarán con el paso del tiempo.
Con exclusión de algunos artículos del total de 135 que fueron objeto del debate por parte de los Congresistas, los demás artículos fueron aprobados en bloque, es decir, sin que hubiere de por medio ninguna discusión y no obstante que las bancadas del liberalismo y de Cambio Radical se habían opuesto inicialmente a la aprobación de este proyecto de ley y a que los ciudadanos exigieran su retiro del Congreso por considerarlo inequitativo e injusto. Es de anotar que Cambio Radical posiblemente hará parte del gabinete ministerial como compensación por su actitud favorable frente a la Reforma Tributaria.
Esta circunstancia pone de presente la actitud de los congresistas que con algunas excepciones y contando con el ascendiente del gobierno nacional y bajo la presión de los gremios empresariales le dieron en principio luz verde a este proyecto de ley, aparentemente encaminado a contribuir al crecimiento y desarrollo de la economía y a generar empleo, según se dice por parte del presidente Duque, pero que en la práctica tan solo facilitará la obtención de nuevas y mayores ganancias en favor del capital nacional y extranjero que opera en el país.
Así mismo queda claro que el conjunto de los congresistas con algunas excepciones, aunque dicen representar y defender el interés general, en la práctica tan solo sirven a los intereses de las clases y grupos sociales dominantes o de su propio interés personal.
Ahora bien, con el fin de “dorar la píldora” tal como se dice en el argot popular, al mencionado proyecto de reforma tributaria le introdujeron una serie de artículos que hacen parte del denominado “componente social”, con el cual se afirma haberse mejorado y de dar respuesta por parte del ejecutivo a las peticiones de los ciudadanos que protestan contra las políticas del gobierno.
En el fondo de lo que se trata es de apaciguar los ánimos de quienes se encuentran protestando en las calles y en general de la mayoría de ciudadanos inconformes e insatisfechos con las políticas neoliberales que viene aplicando el régimen de tiempo atrás y que han generado una crisis en las diferentes instancias de la vida de la sociedad. Frente a la cual no existen respuestas adecuadas ni soluciones reales, en tanto que aquellos que se benefician con la reforma, desde ya gozan de toda clase de privilegios y ventajas tributarias concedidas con anterioridad por los gobiernos y congresistas que en este último caso han hecho de la legislación tributaria un instrumento de inequidad e injusticia social.
Con la compensación del IVA a partir del 2021 y del establecimiento de tres días sin el cobro de este gravamen por la adquisición de ciertos productos en favor de la población mas vulnerable del país; la reducción del 12 al 4 % de los aportes que pagan los pensionados que devengan hasta un salario mínimo, además de las medidas adoptadas para impulsar el empleo, no se podrá modificar la situación económica y social de los trabajadores y de la inmensa masa de colombianos, particularmente de la clase media diseminada en los estratos 4 al 6 que hoy padecen de los rigores del desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades de trabajo, la mala y deficiente calidad de los servicios públicos, de salud, de educación, transporte, vivienda que contribuyen a incrementar la inequitativa distribución de los ingresos y de la riqueza social.
A todo lo cual habrá que agregar la exclusión política y la discriminación social y de género que hacen que se aumenten las contradicciones y los conflictos sociales, los cuales no podrán resolverse con simples paliativos y políticas asistencialistas, sustentadas en reformas cosméticas y regresivas que como en el caso de la aprobación definitiva en las plenarias del Congreso de la mencionada reforma, la misma no servirá para sacar al país de los problemas fiscales y tributarios en que se encuentra sumido, convirtiéndose dicha reforma en la cuota inicial para una nueva que se tramitará el próximo año y que al igual que aquella será aprobada a pupitrazo limpio, después de haberse acordado el precio que tendrán que pagar el país y los colombianos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
