- 1 vista
Redacción
no obligó a analizar las deudas que tiene la Valorización con los contribuyentes, para que se revisara la verdadera capacidad de endeudamiento y de pago de las deudas del municipio
El Concejo Municipal al estudiar el proyecto de acuerdo por el cual autorizó al Alcalde para celebrar el contrato de crédito por $ 194,500 millones para obras, no obligó al Municipio analizar las deudas que tiene la Valorización con los contribuyentes, para que se revisara la verdadera capacidad de endeudamiento y de pago de las deuda, ante este nuevo multimillonario crédito. De esta manera el cabildo ha debido obligar que se estudie el marco fiscal de mediano plazo del Municipio, con la deuda fiscal que se tiene con los ciudadanos contribuyentes. En consecuencia el cabildo de la ciudad no cumplió con las exigencias legales, de exigir la documentación completa para un nuevo crédito del Municipio, que contemplara las deudas por las Megaobras faltantes que suman más de $1.1 billones. Por esto, sin decirlo, aprobó el Acuerdo Municipal sin tener una certificación actualizada del Ministerio de Hacienda – DAF, que contemple todas las deudas fiscales del gobierno municipal. Aquí la Presidente del Concejo, Tania Fernández, los ponentes Oscar Javier Ortiz y Juan Pablo Rojas, màs los miembros de la comisión de Presupuesto, fueron laxos con el Municipio y se dejaron convencer de la directora jurídica de la alcaldía, Ximena Román, supuestamente actuando en derecho, cuando estaban presuntamente, omitiendo la verdad y vulnerando normas fiscales.
La solicitud se les hizo a los Concejales por escrito, antes de la aprobación del endeudamiento en 1er debate, mediante derecho de petición, lo que se contestó con mentiras, pues la DAF no ha contestado, ni el Municipio ha incluido las deudas fiscales que representan la obligación de hacer de las 21 megaobras. La verdad es que ha existido una trama alrededor de esconderle la información a los caleños y en ello, la Presidente, los concejales ponentes, la Secretaría de Hacienda, la Dirección jurídica de la alcaldía y la Secretaría de infraestructura y valorización, han quedado en entredicho, hasta que la DAF de su certificación, con la verdad, pues la 1ª certificación que se entregó correspondía solo a deudas bancarias.
Toda esta información se ha logrado, porque se presentó una tutela al vulnerarse el debido proceso, el cual obligaba a que el Municipio y/o el Concejo Municipal, tuvieran en cuenta las deudas en obras por hacer, superiores a $1.1 billones de pesos, sin embargo esto fue desestimado y la juez de la primera instancia (Juez segundo civil municipal), declaró improcedente la acción. Sin embargo en apelación, la Juez tercero civil de circuito de ejecución de sentencias, con auto de fecha del 6 de julio de 2017 (auto interlocutorio No. 21 21) anuló todo lo actuado, declaró la violación del debido proceso y ordenó al juez de primera instancia que rehaga la actuación y disponga la vinculación efectiva al trámite constitucional de la Dirección General de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda. Y en consecuencia ordena que responda sobre el endeudamiento del Municipio por las 21 Megaobras que superan la cifra anotada.
Lo delicado es que la DAF deberá certificar si el Municipio le está debiendo esos dineros a los caleños por la valorización, obras decretadas por Acuerdo municipal, instrumento que ha permitido embargar a más de 120,000 ciudadanos contribuyentes, que no han podido pagar y ahora el Municipio deberá responder en esta acción constitucional, con la verdad.
No ha existido verdad en el proceso, los concejales ponentes y la Presidente Tania Fernández, le dijeron al juez que el empréstito se había aprobado con los requisitos de ley, lo cual no es cierto
No ha existido verdad en el proceso, los concejales ponentes y la Presidente Tania Fernández, le dijeron al juez que el empréstito se había aprobado con los requisitos de ley, lo cual no es cierto. Esta situación conlleva graves riesgos que ojalá se subsanen por bien de las finanzas públicas del municipio, de su estabilidad institucional y de la misma situación de los accionados, entre ellos la directora jurídica de la alcaldía y el Secretario de Infraestructura y Valorización.
La juez ha dicho “se observa que ha sido transgredido el debido proceso de la presente acción constitucional, configurándose en efecto de una nulidad que invalida lo desarrollado en el presente trámite, toda vez que en virtud de la actuación del juez constitucional de garantizar una protección integral se requería de la manifestación de la dirección General de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda – DAF”.
Ver sentencia en PDF
Para recordar la información sobre el asunto:
