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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El acceso de la mujer caleña a la dirección, administración, control y manejo de los asuntos de la municipalidad y de la sociedad, ha sido por lo regular muy lento y discontinuo, no obstante algunos avances significativos en estos asuntos.
Mientras que en la Constitución se establece la igualdad de derechos de todos ante la ley (hombres y mujeres), en la práctica social prevalecen la desigualdad y la discriminación de la mujer que se reflejan en el transcurrir de la vida económica, política, social, laboral, cultural, etc.
Basta con analizar las estadísticas en materia de oportunidades de trabajo y del hecho de percibir salarios muy por debajo del que devengan los hombres respecto de las mismas actividades y funciones en materia laboral en el sector público y en el privado.
Y qué decir de los cargos de representación popular en el Congreso, las asambleas y los concejos municipales, en donde si bien es cierto ha aumentado la participación de la mujer, su proporción en comparación con la de los hombres continúa siendo muy baja.
En la ciudad de Cali dicho porcentaje es mínimo en relación con la participación masculina. Lo mismo sucede en la administración municipal, lo cual no se soluciona nombrando aquellas mujeres que han venido desempeñándose en ciertos cargos durante largos años impidiendo el acceso a otras mujeres en los mismos.
De todas maneras está claro que las mujeres que poseen una situación económica solvente tienen mayores posibilidades de participar en la vida social y estatal, frente a aquellas que no obstante poseer excelentes capacidades y habilidades para el manejo de los asuntos públicos y privados, no cuentan con los recursos económicos, políticos y sociales para hacer valer sus derechos y ser tratadas en igualdad de condiciones con los hombres y otras mujeres, pertenecientes a diferentes clases y grupos sociales.
Por otra parte conviene señalar que en ciudades como Cali ha crecido la discriminación social en la medida en que se ha diversificado su población como producto de la migración, el mestizaje, el estado de pobreza y desigualdad social en que viven buena parte de las mujeres que integran la comunidad caleña, en su mayoría jóvenes que no cuentan con los recursos ni las oportunidades para mejorar su situación económica y social, siendo objeto de la explotación económica del trabajo.
A toda la anterior problemática se suma el aumento del feminicidio, el acaso laboral y sexual, determinados por diversos factores que contribuyen a crear un clima de violencia contra la mujer, en tanto persiste la “cultura del machismo” con la cual se diluyen los derechos de las mujeres especialmente cuando son objeto de la violencia intrafamiliar y sus reclamos ante las autoridades judiciales y de policía poco o nada ayudan a sancionar a sus detractores y garantizar en la práctica sus derechos individuales y sociales.
La unidad y la lucha organizada de las mujeres por la defensa de su identidad, diferencias con los hombres y el derecho de ser tratadas con dignidad y en igualdad de condiciones, hacen parte del quehacer ideológico, político, social y cultural que las compromete a todas sin distinción alguna conjuntamente con los hombres que piensan y actúan de consuno con el conjunto de las mujeres que consideran que la construcción de una nueva sociedad mas igualitaria y mas justa y equitativa, debe ser el producto del acuerdo y compromiso de hombres y mujeres y en el caso de Cali, de caleñas y caleños, “echadas(os) p´lante” como se dice en el argot popular.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
