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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
La tierra debe cumplir una función social. Es obligación de ponerla a producir para el bien común. Esto no corresponde a política de un gobierno progresista, sencillamente es un deber de política pública de nuestro estado de derecho. Para ello es fundamental, alejada de teorías filosóficas de tenencia, dotar de infraestructura, distritos de riego, vías secundarias y terciarias, mecanismos de compra de cosechas, centros productivos, centros de investigación, entre otros, que deben acompañar las zonas aptas para un desarrollo sostenible agropecuario.
El entonces candidato, hoy presidente Petro, insistió en la necesidad de la implementación de una reforma agraria. Alejado de la practicidad que una reforma de estas características conlleva, y ante la falta de criterios de la función social de esquemas productivos, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, convoca, vía decreto, movilizaciones sociales para promover la fútil iniciativa.
Pareciera que ante el fracaso de las movilizaciones urbanas, ahora el gobierno nacional, explora el levantamiento rural, con ánimo de corregir su desprestigio, a través de la instalación de comités municipales de reforma agraria, destinados a implementar la iniciativa.
Pero, no solamente el decreto trata de los comités. En el convoca a la movilización social, es decir reglamentar el derecho constitucional de protesta, con un fin especifico, dirigido y orquestado por el mismo gobierno.
La pregunta es obvia ¿ Ante quien van dirigidas las protestas?
¿Hacia los tenedores pacíficos de tierra? ¿o hacia la inoperancia del estado? ¿o ante los verdaderos terratenientes, los resguardos indígenas, adjudicatarios de 34 millones de hectáreas, 30% del territorio nacional o las comunidades afrodescendientes en tenencia de más de 6 millones de hectáreas, 6% del territorio? Con el agravante que todas son exentas de tributos fiscales.
Hace un año el gremio ganadero propuso y ofertó 3 millones de hectáreas, área coincidente con el primer artículo de los Acuerdos de Paz, para implementar la reforma. Recientemente el gremio se ha pronunciado en el sentido que la mitad de la oferta, es decir 1, 5 millones de hectáreas, cumplen los requisitos exigidos por el gobierno para su compra. Adicionalmente la SAE, tiene en sus activos, 500 mil hectáreas resultante de sentencias de extinción de dominio.
Validando la ejecución presupuestal de Minagricultura y sus agencias, nos llevamos varias sorpresas. El Ministerio apenas ha ejecutado el 25,13% de su presupuesto anual. La Agencia de Desarrollo Rural, el 8,7% y la Agencia Nacional de Tierras el 19,74%.
El mismo contador del ministerio confirma que la compra de tierras apenas llega a 28 mil hectáreas, es decir menos del 2% de lo ofertado.
Así las cosas, será que el gobierno se expone irresponsablemente en repetir la Revolución de Tambov, hace un siglo en la Rusia Bolchevique, cuando los campesinos se alzaron contra el gobierno de Lenin. Aquel olvidado levantamiento campesino cobró la vida de millares de campesinos rusos ante las tropas rojas, de más de 100,000 hombres, enviadas desde Moscú por el propio Lenin para dar por terminado el episodio de sublevación campesina.
Ojala el gobierno Petro recuerde la historia rusa y no propinándose un autogolpe blando
