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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El presidencialismo constituye una deformación del régimen presidencial que conlleva a un debilitamiento del poder legislativo y judicial y de cierta manera de los órganos de control y fiscalización de la función pública; circunstancia que caracteriza a aquellos países con un bajo crecimiento económico y desarrollo técnico y dependientes en el campo económico de otros países más desarrollados especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica, tal como sucede con nuestro país en donde la democracia liberal adquiere un carácter formal, ya que en la sociedad capitalista el presidencialismo constituye una forma de dominación de la clase económica y políticamente dominante, aunque tengan lugar elecciones competitivas siendo el régimen electoral un factor esencial para la legitimación formal del poder que concentra y centraliza la función pública principalmente cuándo no tiene al frente un partido fuerte de oposición.
En Colombia el poder presidencial se manifiesta en el hecho de que, por ejemplo, el órgano legislativo (congreso), no puede aprobar ciertas leyes sin contar con la iniciativa del gobierno, como sucede con el plan nacional de desarrollo, el presupuesto nacional, la determinación de la estructura de la carrera administrativa de Estado, la organización del crédito público, la aprobación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos a nivel nacional, etc.
Así mismo a iniciativa del gobierno, el congreso reviste al ejecutivo de facultades extraordinarias para expedir decretos leyes, al tiempo que de acuerdo con la Constitución de 1991 muchas de las organizaciones e instituciones encargadas de la vigilancia del sector financiero dependen del ejecutivo. No sobra agregar que, con el paso del Estado intervencionista al Estado contratista se delegan varias de las funciones en manos del sector privado nacional e internacional, particularmente en lo relacionado con el manejo de las empresas estatales y de servicios públicos.
Igualmente, el presidente de la república interviene en la elección del fiscal general, el defensor del pueblo, frente a los cuales los ciudadanos no participan directa ni indirectamente en su escogencia.
El presidente de la república de acuerdo con la Constitución puede dictar decretos con fuerza de ley para poner en vigencia el plan nacional de desarrollo, como sucede con el decreto reciente del presidente Petro sobre la situación que se vive en la Guajira.
Cuando el ejercicio del poder presidencial se traduce en autoritarismo palaciego resulta imposible garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de la propia democracia que tiende a convertirse en una dictadura de la clase dirigente que en asocio con los grandes monopolios nacionales y extranjeros explotan económicamente el trabajo de millones de colombianos y en muchos casos imponen un régimen de terror con los cuales restringen los derechos y libertades de los ciudadanos o apaciguan los ánimos de las clases y grupos sociales explotadas para que se conformen con el estado de cosas que se vive en el seno de la sociedad.
ADENDA: La propuesta del presidente Petro de subsidiar el transporte masivo en varias ciudades del país debido al mal estado de sus finanzas y operatividad, con base en exigir a los usuarios del servicio de energía una “pequeña colaboración”, con lo cual se premia el fracaso del sistema impuesto desde un principio por los propietarios de los viejos y destartalados buses del servicio público, con la anuencia de las autoridades nacionales y municipales, de todo lo cual el MIO de Cali es un ejemplo de la falta de planeación e improvisación por la que transita dicho sistema que en la actualidad se encuentra en estado de insolvencia y deterioro físico sin que se pueda recuperar de la crisis técnica, financiera y operativa, es por todo esto que podemos afirmar, que dicha medida constituye un despropósito del gobierno nacional.
Por lo demás, sus operadores son subvencionados por la municipalidad que les reconoce el valor resultante de la diferencia entre la tarifa técnica y la que pagan los usuarios que utilizan este sistema de transporte.
Así mismo, sí lo que espera el gobierno con la entrega del subsidio es recuperar el sistema, existen otras alternativas que podrían aplicarse en este caso, como sería la nacionalización del sistema con el fin de que el Estado se encargue de la prestación de este servicio. Igualmente, es preciso señalar que la gratuidad de este servicio en las condiciones existentes no deja de tener un tufillo demagógico que poco o nada contribuirá a mejorarlo y asegurar su continuidad..
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
