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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Después del estallido social protagonizado por diversos sectores sociales que puso al descubierto los graves problemas estructurales y funcionales de la ciudad y de sus habitantes, no se advierten por parte de las autoridades locales los cambios necesarios que se requieren para erradicar sus causas o por lo menos mitigarlas con la implementación de nuevas políticas municipales dirigidas a remover los obstáculos que han hecho que los caleños se encuentren atemorizados y con un grado de incertidumbre provocado por el estado de cosas caracterizado por la inseguridad, la violencia, el desempleo y la informalidad crecientes en la ciudad, exacerbadas con la crisis económica agravada con la pandemia del COVID-19 y ante la posibilidad de soportar un cuarto pico de la enfermedad, según algunos pronósticos de las autoridades encargadas de realizar el seguimiento de la mencionada pandemia.
Lo que se observa es la aparición de enormes vallas publicitarias localizadas en Siloé y en Puerto Rellena anunciando la ejecución de varias obras urbanísticas con costos multimillonarios y nuevos contratos con los cuales se busca distraer la atención de los caleños de sus problemas y que poco o nada tendrán que ver con el avance de la ciudad y el bienestar general del conjunto de sus habitantes.
Está claro que las medidas asumidas por la administración municipal para mitigar los problemas derivados del desempleo y de la informalidad, tan solo tienen un carácter temporal circunstancia esta que de hecho no contribuirá a resolver dichos problemas desde el punto de vista laboral que es un aspecto determinante de la existencia y desarrollo de la vida social, particularmente en el caso de aquel sector de la población juvenil que “ni estudia ni trabaja” y carece de las posibilidades de superar dicha situación en una ciudad en donde predomina la economía de los servicios como fuente de trabajo en condiciones muy precarias y limitadas.
Por otra parte, los caleños en un alto porcentaje consideran que la ciudad va por mal camino, según encuesta realizada por “CALI COMO VAMOS”, en la que se revela que aspectos como la inseguridad y la educación constituyen un asunto de gran preocupación para los caleños que demandan de una solución rápida y concreta.
La solución o mitigación de los problemas que afronta la comunidad caleña conlleva a la necesidad de modificar la visión que se tiene de ciudad desde hace 30 años y que con el crecimiento desbordado y anárquico de su población demanda de cambios urgentes ad portas de la implementación de la nueva estructura territorial, política y administrativa de Cali como Distrito Especial, los cuales no podrán hacerse sin contar con la participación democrática de los ciudadanos ajena al manejo de las imposiciones burocráticas y tecnocráticas de las autoridades locales, que utilizan los recursos del presupuesto para satisfacer las apetencias de la clientela política y de los contratistas que financian las campañas electorales a cambio de ser incluidos en la distribución de los dineros públicos a través de la contratación oficial, alimentada con la aprobación en el Concejo Municipal de acuerdos de endeudamiento y disposición de saldos de vigencias fiscales, según se desprende del proyecto de acuerdo 094 aprobado en primer debate en la comisión de presupuesto, con los cuales se defienden intereses de algunos sectores minoritarios de la sociedad caleña.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
