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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El declive de Cali categorizada como Distrito Especial Empresarial, Cultural, Turístico, Deportivo y de Servicios, no constituye un hecho casual ni tampoco obedece simplemente a la voluntad de los gobernantes que no han sabido dirigir los asuntos públicos conforme a los principios y fines del Estado Social y Democrático de Derecho establecido en la Constitución Política de Colombia.
Dicho proceso se manifiesta en forma espontánea determinado por diversos factores que no son tratados regular y adecuadamente generándose graves consecuencias para la comunidad que no solo ha abandonado su sentido de pertenencia a la ciudad, sino que no cree en las instituciones ni en los gobernantes que poco a poco han perdido su vitalidad para dirigir los asuntos de la administración pública y la solución de los problemas de la ciudad, los cuales tienden a extenderse e intensificarse, creándose con ello un proceso de descomposición a todos los niveles de la vida económica, política, social e institucional.
Con la agravación de los problemas de toda índole se levanta la protesta social en cabeza de los caleños que terminan siendo empujados por todo el estado de cosas y en donde se revelan las enormes potencialidades del pueblo para lograr que surjan todas aquellas posibilidades de cambio y de construcción de una nueva sociedad más justa y equitativa con la cual sueñan los caleños de hoy y de mañana.
En la ciudad se han venido acumulando de tiempo atrás una serie de problemas que rebasan los límites de solución no obstante las políticas implementadas por los gobernantes las cuales no tienen por objeto superar las dificultades existentes entretanto se les da un tratamiento discriminatorio a los ciudadanos en función de su situación económica y social.
La anarquía en el transporte urbano con la quiebra del MIO, la usurpación ilegal del espacio público, las constantes invasiones en los cerros tutelares, la creciente inseguridad en toda la ciudad, la destrucción del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y paisajístico, la mala calidad de los servicios públicos, el abandono de la zona rural que constituye más del 70% del territorio distrital, el desempleo, la desbordante informalidad; son estos algunos de los graves problemas que afronta la ciudad dirigida por una elite señorial, que asociada con grandes propietarios de tierras, negociantes de propiedad raíz, urbanizadores, banqueros, y contratistas del Estado son desde hace varias décadas los autores materiales e intelectuales del declive de la ciudad de Cali en tanto han logrado apropiarse del trabajo de los caleños para multiplicar sus ganancias en medio de la crisis y de lo que nos queda de ciudad que a pesar de todo está dispuesta con su gente a recuperarla de las manos hegemónicas de una clase que ya no puede mantener su hegemonía en medio del declive de la ciudad.
ADENDA: Lo poco que quedaba del patrimonio cultural histórico, arquitectónico y paisajístico, se fue perdiendo paulatinamente por la negligencia de los gobernantes en defender y garantizarles a los habitantes lo que para estos es un derecho colectivo y fundamental como lo es, la participación ciudadana en un asunto de interés general.
Es inconcebible que un bien declarado patrimonio histórico, cultural BIC 1 como es el colegio de la Sagrada Familia, alterada totalmente su identidad con las modificaciones y adiciones que desbordaron la licencia otorgada por la Curaduría, no haya merecido la atención de los gobernantes dedicados a actuar a través de los formalismos legales para dar la apariencia de que han “ejercido la autoridad” en defensa de ese patrimonio.
La actitud negligente de la administración distrital ha conducido a que los propietarios del proyecto asuman una posición dominante frente a la comunidad y descalifiquen la labor que están desarrollando la Sociedad de Mejoras Públicas, Académicos, Arquitectos, JACs y comunidad en general que luchan por la defensa del patrimonio y específicamente por lo que representa y significa para la comunidad el Colegio de La Sagrada Familia.
Las luchas por los derechos son arduas y aún más en esta ciudad caracterizada por la ANTIDEMOCRACIA y el AUTORITARISMO de los gobernantes, que Prevalidos del poder que les otorga el cargo, imponen SU VISIÓN DE LO PÚBLICO y de lo que representa el PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL , ARQUITECTÓNICO, el cual se ha reducido a la “conservación “ de las fachadas de algunos edificios emblemáticos como por eje; el de COLTABACO.
Los esguinces a la ley mediante interpretaciones leguleyas , en ningún caso pueden sustituir los derechos fundamentales, colectivos y sociales de los caleños, más en tratándose de la defensa del INTERÉS GENERAL que prima sobre al interés particular de un grupo empresarial.
Con palabras y frases como las de “contribuir al progreso”, “generar trabajo”, etc.., pretenden hacer valer sus intereses particulares, al margen de lo que establecen la Constitución y la ley.
Tampoco puede utilizarse como método para presionar a la comunidad, las demandas en trámite por supuestos perjuicios.
Es un principio legal que nadie puede alegar su incumplimiento para su beneficio.
Es evidente que la construcción no se ajustó a la licencia otorgada.
También lo es, que no demolieron lo ilegalmente construido .
Sumado a las manifestaciones de que con la pandemia, el proyecto cambió por las condiciones de diversa índole qué tal situación generó.
De manera que la administración distrital tiene suficientes elementos probatorios para la defensa judicial.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
