Una política integral de seguridad

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

La propuesta de la directora de la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada de garantizar la presencia de guardas privados en calles, avenidas y en las rutas de deportes de los caleños, constituye una forma disimulada de abrirle la puerta a la privatización de la Función Pública del Estado, encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos en su vida, honra y bienes de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política.

Dicha iniciativa se haría realidad a partir de la firma de un convenio entre la Secretaría de Seguridad del Municipio y las empresas de seguridad privadas, encargadas de la vigilancia de puntos críticos de la ciudad en donde tienen ocurrencia la comisión de delitos como por ejemplo, el hurto de celulares y los atracos a las personas en plena vía pública, etc. En este sentido se dice que de lo que se trata es de prevenir antes que reaccionar frente al delito, como una forma disuasiva de la acción criminal, que con la pandemia del Covid-19 se ha incrementado notablemente en la ciudad. 

Por otra parte, se afirma que inicialmente el municipio no tendrá que disponer de sus recursos presupuestales para cubrir los gastos relacionados con la prestación de este servicio de seguridad, los cuales correrán por cuenta de las empresas de vigilancia como un aporte social a la ciudad, al tiempo que tan solo se aspira a contar con algunos beneficios que por ahora no están aprobados por las autoridades municipales, todo lo cual se implementaría en el segundo semestre de este año.

Dicho convenio es a todas luces inconstitucional además de ser inconveniente, en tanto que el Estado en sus diferentes niveles no puede renunciar ni ceder parte de su soberanía en el ejercicio de sus funciones en favor de particulares, los cuales por lo demás no responden por actos omisivos o de extralimitación de sus funciones de vigilancia. Circunstancia que coloca en desigualdad de condiciones a las autoridades encargadas de la defensa del interés general y el desarrollo de los principios de igualdad, moralidad, economía, independencia, cuyo cumplimiento tan solo es posible delegar, descentralizar y desconcentrar en cabeza de sus agentes, alcaldes y gobernadores; todo esto dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho y conforme a la ley o autorización de esta.

La vigilancia de la ciudad de Cali demanda de una política integral de seguridad y no de la implementación de una simple estrategia de reforzamiento con la participación de la vigilancia privada, como se argumenta por parte de la directora de la Cámara Colombiana de Seguridad que considera que de esta manera se podrá contener el delito cuyas causas más profundas no han sido tratadas adecuadamente a fin de erradicarlo del entorno social.

Dicha estrategia como las medidas adoptadas en el pasado solo consiguieron eliminar algunos de los efectos generados por la acción criminal de los delincuentes comunes y organizados que hoy tiene sitiada a la ciudad aprovechando la pandemia del COVID-19, particularmente en aquellas zonas en donde las autoridades de policía no aparecen o no están en capacidad para prevenir el delito. 

El cumplimiento de las funciones en materia de seguridad, casi siempre han estado acompañadas de la implementación de un conjunto de medidas relacionadas por ejemplo, con el aumento del pie de fuerza policial o el aumento de los recursos del presupuesto municipal para el mantenimiento del aparato de seguridad, sin que con ello se haya podido garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así mismo se ha solicitado la colaboración de varios contingentes de la policía militar, sin obtener mayores resultados al respecto. La presencia de guardas privados ejerciendo funciones de policía tampoco podrán resolver los graves problemas que afronta la ciudad y que en última instancia están determinados por las condiciones socio-económicas, socio-políticas y culturales de nuestra sociedad. 

Tales condiciones y circunstancias demandan de cambios a nivel del aparato policial que reclaman los caleños y que conlleva a una verdadera transformación estructural y funcional, en tanto que el viejo y desueto sistema de vigilancia ya no responde a las necesidades de una sociedad que en la actualidad se encuentra asediada por el crimen en todas sus formas y modalidades posibles. Para ello es necesario contar con los ciudadanos que son los más interesados en que el gobierno conjuntamente con los órganos judiciales asuman su verdadero papel y de esta manera asegurarles a los caleños y vallecaucanos su seguridad individual y social.

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

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