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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
La semana que termina tuve la oportunidad de asistir y participar en el programa televisivo A Fondo emitido por Telepacifico. El tema del programa abordado en esta ocasión trataba sobre el tema pensional colombiano.
Los expertos hacendistas, y quienes han preparado el texto de la reforma tributaria, en la cual se pretenden gravar las pensiones en Colombia, cometen varios errores de interpretación y otros de fondo legal y constitucional, los cuales desgastan el debate legislativo cuando el texto es aprobado en el Congreso y debe ser revisado posteriormente por las altas cortes.
La jefe del Ministerio Publico se pronunció esta semana con total transparencia y contundencia. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, fue enfática en expresar textualmente, “Los pensionados son sujetos de especial protección. Tributariamente no se puede tratar en iguales circunstancias formales a quienes no son iguales ni desde el punto de vista legal, material y mucho menos constitucional”. Amplió su postura en el sentido que gravar los pensionados vulnera el artículo 13 de la constitución política e igualmente manifestó que “… no se puede establecer un impuesto sobre las mesada de quienes por años han cotizado y pagado impuestos sobre su relación laboral...”
La iniciativa tributaria del Ministerio de Hacienda, en un impetuoso afán de buscar recursos para acomodar un recaudo adicional de $ 25 billones, del cual no se conoce con precisión presupuestal su destinación, ni la contrapartida del inaplazable recorte del gasto público, considera las pensiones de prima media de Colpensiones, son altamente subsidiadas. Nada más alejado de la realidad.
Las pensiones superiores a $ 10 millones mensuales son apenas el 3% del total de las mesadas de Colpensiones. Gravar el otro 97% bajo esta presunción es irracional.
Por décadas han vociferado los funcionarios públicos sobre el valor aproximado de $ 50 billones anuales que el estado debe transferir en subsidios pensionales.
Adriana Paredes, abogada especialista pensional, participante activa y calificada, presentó en el programa de Telepacifico, unas estadísticas que pocas personas han desenmascarado cuando se toca el aludido argumento.
Expresa que los regímenes públicos están compuestos por los de Prima Media (Colpensiones) y el FOPEP, el cual agrupa los funcionarios públicos del Magisterio, Rama Judicial, Procuraduría, Contraloría, un sinnúmero de instituciones públicas y Fuerzas Militares. La equivocación interpretativa radica en satanizar a Colpensiones cuando es precisamente el FOPEP quien recibe el mayor subsidio. De los $ 50 billones este régimen especial recibe $ 32 billones para subsidiar 800 mil pensionados, mientras Colpensiones recibe $ 18 billones para el 1.5 millón de pensionados.
Así las cosas, lo que realmente se requiere son dos reformas previas, la laboral y pensional y por ultima la tributaria. A menos que la actual reforma tributaria sea un distractor para abrir el boquete de meter las manos corruptas del estado en los bolsillos de los pensionados.
El académico ministro de Hacienda parece no haber hecho la tarea previa de estudiar con la misma profundidad el mismo espera de sus alumnos, con tantas equivocaciones que gremios, asociaciones, profesionales versados en la materia y el mismo estado a través del Ministerio Publico le han expresado constructivamente.
“Del afán solo queda el cansancio” es la frase que siempre nos han enseñado y es la que se debe aplicar al centenar de reformas que el gobierno Petro ha presentado en menos de un mes. Hagamos las cosas bien desde un principio y no desgastemos el legislativo en insulsas, improductivas e inconstitucionales iniciativas.
