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Redacción
Caliescribe, ha recibido quejas ciudadanas sobre el manejo de la presentación de informes, pago de auditores, supuesta desviación de fondos, maquillaje de cifras, por personas cercanas al concesionario AEROCALI, sus proveedores , haciendo uso presuntamente de bienes muebles e inmuebles de propiedad del Estado, es decir de la concesión, que afecta el patrimonio público.
Estas denuncias adicionalmente contemplan la concentración de compras, por ejemplo, con la compañía JBN Solutions Enterprise Corp, creada en Tampa Florida, donde familiares de funcionarios de Aerocali afectando los recursos públicos de la concesión y generando concentraciones económicas, que podrían constituirse en negocios ilícitos. Es el caso que los mismos funcionarios cercanos a Aerocali, fungen como proveedores y compradores, por ejemplo con secadores de manos que hay instalados en el terminal nacional, comprados a la misma empresa ( JBN Solutions Enterprise Corp).
Ees una concesión pública que utiliza dineros privados, las entidades de control deben investigar el origen de los fondos para los bienes adquiridos por los funcionarios que prestan servicios públicos, desde la concesión de Aerocali en la administración de aeropuerto, haciendo también inversiones en Estados Unidos.
El concesionario Aerocali permite presuntamente esta práctica o asaltado en su buena fe, donde hay funcionarios de esta concesión, con la del consorcio constructor de la via Mulalo –Loboguerrero y donde Corficolombiana actúa en ambas concesiones públicas, es decir , existen tentáculos administrativos que las envuelven a las 2 simultaneamente-
Las entidades de control deben hacer auditoría financiera a las cuentas y los contratos manejados, revisar informes y soliciten declaraciones de los funcionarios, para que investiguen la actuación pública y privada, hasta en declaraciones de renta de empresas colombianas.
Dentro de esta investigación a la rendición de cuentas del concesionario, debe verificarse igualmente inversiones y viajes a Estados Unidos, que dineros se invierten allá, por parte de funcionarios o familiares que trabajan en la misma concesión.
Esta solicitud se hace a las entidades de control, el ministerio público Procuraduría General de la nación y la Contraloría General de la red pública.
