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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con la aprobación de la reforma tributaria o “ley de interés social”, se cumple en principio con aquella obligación constitucional y legal de que toda persona con altos ingresos debe pagar mayores impuestos, especialmente en estos momentos de crisis económica y sanitaria de la nación. Al respecto, el sector empresarial encabezado por la asociación nacional de industriales ANDI ha estado dispuesto a pagar una tarifa del 35% sobre el impuesto de renta y no del 31% como lo hacía anteriormente, en tanto que el sector financiero tendrá que pagar hasta el año 2025 una sobretasa del 3% sobre dicho impuesto.
La propuesta que contiene la reforma tributaria con mayores impuestos a las rentas de los sectores empresariales no contribuirá sin embargo, a resolver el déficit fiscal y presupuestal, al tiempo que los trabajadores, pequeños y medianos empresarios, comerciantes y sectores pertenecientes a la economía de los servicios deben pagar más impuestos como consecuencia de la crisis económica. Por otra parte, pagar más impuestos a cargo de los empresarios no constituye “per-se”, un acto de justicia social, ya que de acuerdo con la experiencia, los grandes empresarios están dispuestos a pagar incluso altos impuestos que posteriormente trasladan a los consumidores a través de los precios de los productos, bienes y servicios que ofrecen en el mercado, recuperando así, el capital invertido, el valor de los impuestos y las ganancias respectivas.
Esta circunstancia hace más difícil erradicar las verdaderas causas que estimulan la concentración de la riqueza y la explotación económica del trabajo haciendo imposible renovar los obstáculos que impiden el crecimiento y desarrollo armónico, integral y planificado de la economía para beneficio de los individuos que contribuyen con la construcción de la sociedad.
Además, de acuerdo con la reforma, los sectores más pudientes deben pagar impuestos sobre el patrimonio, las herencias y las ganancias, a pesar de las ventajas de que gozan en medio de un sinnúmero de exenciones, deducciones, subsidios, franquicias, etc., como ha sucedido con el no pago del IVA en las zonas francas.
Para el gobierno y para algunos congresistas, con la implementación de la reforma tributaria se logrará recuperar la economía de la crisis y disminuir la tasa de desempleo del país, al tiempo que los pequeños y medianos empresarios pagarán aparentemente menos impuestos, circunstancia que resulta por lo demás insuficiente para conseguir que estos puedan salir de la crisis y recuperar sus negocios.
Aunque varios sectores económicos y sociales reciben del Estado incentivos y ventajas, extensivas incluso a grandes inversionistas nacionales y extranjeros, estas no conducen necesariamente a la creación de nuevos empleos con salarios dignos y estabilidad laboral,
Así mismo, es menester precisar que los recursos utilizados por el Estado en procura de garantizar los derechos económicos y sociales, no significa en las condiciones del régimen capitalista, que estos en algún momento no se disminuyan en medio de las crisis recurrentes que caracterizan a dicho régimen, en tanto crecen el desempleo y la informalidad.
Las rebajas contenidas en la reforma tributaria sobre pago de multas por infracciones de tránsito, los tres días sin IVA y algunas otras medidas en favor de los ciudadanos y consumidores, no dejan de ser más que simples paliativos tendientes a apaciguar los ánimos de los contribuyentes y de quienes no comparten el contenido de dicha reforma, cuya lógica consiste en mantener la misma estructura tributaria con la cual se pretende encubrir las diferencias económicas y sociales y afianzar la base en que se sustenta el sistema económico y político, que en palabras del afamado economista Thomas Piketty en su libro “Capitalismo del siglo XXl” expresa que “las ganancias del capitalismo suelen ser superiores al crecimiento de la economía en su conjunto lo que crea una mayor concentración de la riqueza que a su vez conduce a una mayor inequidad y desigualdad social”; lo que en principio está ligado con el hecho de que los grandes empresarios y monopolios nacionales y extranjeros no pagan en realidad la totalidad de sus impuestos en relación con el capital y las ganancias que adquieren derivados de la explotación económica del trabajo de millones de seres humanos en el mundo capitalista globalizado.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
