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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El gobierno del presidente Petro a través de sus ministros de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, presentó el proyecto de ley 292 radicado en la Cámara de Representantes, mediante el cual se adoptan medidas relacionadas con el Impuesto Predial Unificado -IPU- , se modifica parcialmente la ley 44/90, se deroga la ley 1995 de 2019 correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Duque y se dictan otras disposiciones sobre la materia.
Dicho proyecto de ley en su artículo 1 que contiene varios numerales, establece un incremento del IPU que va desde el 50% hasta el 300% del valor del impuesto pagado el año anterior.
No obstante la obligación constitucional que tienen los ciudadanos de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones que realiza el Estado en el marco de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, con dicho proyecto de ser aprobado, se estarían gravando de manera desproporcionada, inequitativa e injusta todos aquellos predios urbanos o rurales en donde los ciudadanos viven con su familia, violentándose con ello los principios tributarios mencionados y el derecho económico y social a la vivienda en conexión con la vida digna.
Este proyecto de ley tiene un carácter expropiatorio e incidirá directamente en el cubrimiento y pago del impuesto de patrimonio, en el incremento de los cánones de arrendamiento, en el alza de las tarifas de los servicios públicos y de los gastos notariales, etc.
De convertirse en ley dicho proyecto se incrementará extraordinariamente la contratación oficial por obras en los municipios y la corrupción de algunos funcionarios, derivada de los hechos y experiencias que se tienen cuando se aumentan los recursos públicos del fisco municipal o distrital.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
