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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Ad portas de llevarse a cabo las elecciones del nuevo Congreso que acompañará al próximo presidente de la República, el derecho de todo ciudadano de participar en la elección de sus representantes ha sido sustituido en la práctica por la lucha competitiva de las fuerzas políticas que caracterizan la denominada democracia liberal de estirpe pluripartidista a través de la cual se refleja en términos generales la lucha que se libra en el mercado capitalista. A lo anterior se suman las restricciones a la libertad política de los ciudadanos en cuanto se oponen a la política del régimen, en tanto se conceden garantías a quienes se dejan seducir y utilizar como masa electoral disponible.
Uno de los aspectos más controvertidos y cuestionables de la democracia liberal tiene que ver con el régimen electoral mediante el cual se ofrece al ciudadano aparentemente igualdad de condiciones para elegir a sus representantes, en medio del soborno, la intimidación, la infracción de las leyes electorales y la violencia con los electores que igualmente son objeto de toda clase de manipulaciones y de promesas que casi siempre son incumplidas o que resultan imposibles de cumplir.
Entretanto dicha institución congresional es considerada como expresión de la democracia liberal, sumida en el desprestigio generalizado en la medida en que continúa como en el pasado, sirviendo los intereses de la gran burguesía y del gran capital financiero nacional e internacional interesados en los negocios de la minería, del petróleo, de la agroindustria, de las comunicaciones, el transporte, la economía de los servicios, la educación, la salud convertida en un negocio especulativo, etc. En estas circunstancias el Congreso aprueba leyes y reformas constitucionales que carecen de un verdadero sentido representativo y democrático, casi siempre matizado por el clientelismo político y la corrupción de buena parte de sus integrantes.
Por otra parte, dicha corporación legislativa ha perdido peso político en el contexto institucional, al tiempo que se refuerzan los poderes presidenciales en detrimento del órgano legislativo y no obstante que de acuerdo con la Constitución política se le otorgan facultades para ejercer el control político de los actos del gobierno en lo que se conoce como la “moción de censura”, que poco o nada ha servido para ejercer un control efectivo del poder presidencial.
El hecho de que el Congreso no pueda aprobar determinadas leyes sin la aprobación del gobierno, constituye una limitación de su independencia y soberanía, particularmente cuando se trata por ejemplo de la aprobación de la ley de presupuesto en donde se establece la manera como se deben gastar los impuestos de los contribuyentes, además de otras leyes como el Plan Nacional de Desarrollo, la determinación de la carrera administrativa, la organización del crédito público, la aprobación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, etc. Esto sin contar con que el Congreso inviste de facultades extraordinarias al presidente de la república, sin exigirle mayores condicionamientos ni controles.
Desde la Veeduría que representamos llamamos a todos los ciudadanos a reflexionar antes de tomar cualquier decisión en materia electoral relacionada con la escogencia de los miembros del nuevo congreso encargado de aprobar las leyes que le convienen al régimen, muchas de las cuales muy poco tienen que ver con la defensa de los intereses generales de los ciudadanos.
No obstante, los ciudadanos tienen la obligación moral y política de defender aquellas leyes y reformas constitucionales de carácter democrático y progresista que permitan avanzar hacia el progreso, la paz y de la auténtica democracia económica, política y social.
En tratándose de propuestas de reformas constitucionales, consideramos que el Congreso debe recuperar la iniciativa del gasto público de manos del ejecutivo, en tanto que los representantes y senadores deben ser revocados por el pueblo en determinadas condiciones y circunstancias además de exigirles rendir cuentas de su gestión durante su mandato.
Así mismo, las campañas políticas deben ser financiadas en su totalidad por el Estado a todos los niveles territoriales dentro de las condiciones y límites establecidos por la ley. Esto con el fin de evitar en lo posible los aportes privados que colocan en desigualdad de condiciones a los candidatos y generan un compromiso político, burocrático y contratos con el Estado en favor de los aportantes.
Finalmente, consideramos que los ciudadanos deben tener el derecho de presentar leyes y reformas constitucionales sin que medie la aprobación del Congreso de la República tal como sucede en la actualidad.
ADENDA: Las causas de la agravación de las condiciones económicas, políticas y sociales y de los conflictos sociales que se producen en el país comprometiendo el presente y futuro de los colombianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, mayores, no hay que buscarlas simplemente en el quehacer político de los gobiernos de turno como en el sistema social que ha entrado en una profunda crisis y en un proceso de declive de sus diversos elementos estructurales y funcionales, que conlleva la necesidad de crear una nueva realidad social ajena a la demagogia, el populismo y el reformismo a ultranza a partir de las mismas políticas de siempre utilizadas para apaciguar los ánimos de la gente y cuya materialización demanda de la realización de las acciones legales y pacíficas que remocen las posibilidades reales de cambio y de construcción de una sociedad mas justa, equitativa e igualitaria.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
