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Ramiro Varela M
Los últimos gobiernos en los 25 años, Samper, Pastrana, Uribe 1 y 2, Santos 1 y 2 y Duque han liderado similar modelo de crecimiento económico, buscando la equidad social, con diferente énfasis en aspectos de sus mandatos y seguimos con la preocupante desigualdad social, mantenido un déficit estructural en empleo, vivienda, calidad de la educación, etc. Colombia debe plantear la solución a este problema crónico y nos otro que rectificar un poco el modelo del “laissez faire “ para no limitar la intervención del estado y llegar a un mínimo, que permita lograr en el mediano plazo ( 5 años ) indicadores de equidad y en un largo plazo , más de 10 años, bajar la desigualdad social.
El tema es planeación económica
Como país en vía de desarrollo los indicadores de Producto Interno Bruto per cápita es preocupantes, en el año 2020 lugar No 101 del mundo con US5.528 y con $1.002 billones y en el PIB en el 2020 lugar 39. Si nos comparamos frente los países latinoamericanos vamos a observar a Uruguay con un PIB per cápita US14.190, Panamá US14,731, Chile US12.196, Argentina US9.196 y Costa Rica US9.138, también es preocupante y si nos comparamos con el ingreso per cápita promedio mundial es US10.428 también es crítico.
Observar el empleo con 3.5 millones de desempleados y más de 9 millones de informales que es igual a 11.5 millones de personas que carecen de protección social, muy por encima del número de empleados que es de 9.8 millones, lo que quiere decir que no garantizamos la seguridad social para la mayoría de los colombianos.
La gran plataforma de la constitución del 91 fue la garantía y el goce de los derechos sociales para integrar los principios y valores constitucionales, sin embargo la protección social es altamente deficitaria más de 9 millones de personas informales que trabajan tiempo parcial , lo que nos permite decir, no somos un Estado social de derecho, se carecen de muchos servicios sociales complementarios como protección a la vejez, seguros de actividad laboral o enfermedades, no se tiene deporte escolar, etc. El problema es de planeación económica a través de una obligación constitucional de largo plazo y por ello es urgente esa reforma constitucional, como un pacto colectivo para que este congreso lo haga en su último año, un nuevo contrato social con los colombianos.
Es razonable que la política económica del gobierno debe estar proyectada hacia el bienestar de sus ciudadanos, y esta definirse a través del crecimiento del PIB y así proyectar las posibilidades de una economía para maximizar el bienestar. El PIB per cápita no es una indicación completa de la realidad del país en lo que tiene que ver de la distribución entre la población y por lo tanto hay que trabajar con factores productivos de trabajo, tierra, capital físico, capital humano y distribución del ingreso.
El crecimiento económico tiene efectos inevitables sobre la desigualdad y en Colombia las instituciones políticas, económicas y los valores culturales para delimitar desarrollos sociales e influir en la distribución del ingreso y el mecanismo distributivo, no han sido eficientes. Por ello es importante que el Estado busque construir políticas intervencionistas que favorezcan mejor redistribución del crecimiento.
De la misma manera el conjunto del Estado a través de los distritos capitales (Bogotá), departamentales y municipales deben tener también planeación de largo plazo, para hacer eficiente y eficaz el gasto y la inversión pública.
El Estado social de derecho , política económica nacional contra la desigualdad
Colombia debe cumplir con los derechos sociales fundamentales y en el largo plazo, en un lapso de 20 años pueda tener una igualdad real para que el estado garantice una existencia humana digna, mínimo vital. Y proyectar la igualdad de oportunidades en la educación y el empleo, garantizar estándares mínimos de calidad de vida a los ciudadanos en el modelo económico de derecho y no de caridad, en esto debemos ser inflexibles. Debe convertirse en la política económica nacional, la lucha contra la desigualdad social y la inequidad para poderla superar en el largo plazo. la desigualdad de oportunidades tiene un efecto negativo sobre el crecimiento.
Desmontar, los monopolios o grandes oligopolios
Colombia no se ha podido desmontar de los monopolios o grandes oligopolios en todos los sectores y este es uno de los puntos a trabajar en este proceso del estallido social. Hay que corregir las políticas regulatorias y clientelismo político excluye la generación de ingresos a una parte de la población y también no permite desarrollar equidad. Es necesario políticas sociales de choque contra la desigualdad, mejorando crecimiento.
Igualmente corregir lo que tiene que ver con las imperfecciones en los mercado de capitales, en lo que tiene que ver con oportunidades en niveles de educación, acceso a los créditos, etc.
La cohesión social se pulveriza con la brecha entre ricos y pobres , lo que genera una inestabilidad política como lo que está viviendo Colombia, por ello las sociedades más desiguales generan violencia y eso está demostrado en el mundo.
La cooptación de los gobiernos.
Uno de los problemas en Colombia es que los grandes empresarios próximos a los gobiernos, a las instituciones políticas y económicas, no permiten que los mecanismos redistributivos sean eficientes y en realidad se apropian de la renta generada por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza es mínima. A diseñar normas y políticas macroeconómicas adecuadas para impulsar el crecimiento y aliviando el efecto que sobre la desigualdad tiene el crecimiento mediante una mejoría de la igualdad de oportunidades.
Esta debe hacer posible el acceso a todos los ciudadanos al sistema educativo y a las oportunidades de crédito a las personas, de inversión y de creación de empresas. La eficacia y transparencia en la administración pública son necesarias para que haya igualdad de oportunidades y es lo que no sucede en Colombia donde la ineficiencia, eficacia y corrupción mínimo el 50% de los presupuestos se despilfarran por estas actividades.
A trascender el neocapitalismo ante una tecnología y desarrollo que profundizó el capitalismo y un nuevo colonialismo, producto del manejo monetario global y allí inmerso, la creciente desigualdad e inequidad social.
Ante nuestro real desempleo, informalidad, una población que se envejece y que no tiene pensión en las dos terceras partes de las personas ocupadas del país, el estado económica y socialmente es inviable, por ello se debe reconocer que el estallido obliga a rectificar el MODELO ECONOMICO Y SOCIAL, atacando la informalidad para desarrollar un país con viabilidad, por lo que debe consensuarse una Reforma Constitucional, construida sobre la unión nacional, como la del 91.
