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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Después de dos años de ejercicio de su mandato el alcalde Jorge Iván Ospina plantea la propuesta de dividir a Cali en 6 o 7 localidades para materializar el proyecto Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, conforme a la categorización otorgada mediante ley 1933 de agosto de 2018 del Congreso de la República y sin que después de casi cuatro años el Concejo Distrital hubiera cumplida con su obligación de Dividir el territorio del Distrito en localidades, asignándoles las competencias respectivas y asegurándoles su funcionamiento y recursos. Atribución que debía cumplir en el plazo de los doce meses siguientes a la creación del Distrito que vencieron el 5 de agosto de 2019.
A pesar de ello no es improbable que el Concejo Distrital apruebe el proyecto de acuerdo con la participación formal de un grupo de ciudadanos afectos al gobierno del alcalde y del Concejo, previa a su aprobación la cual, en ningún caso constituye la expresión de la voluntad del pueblo caleño.
Siendo este un asunto de gran trascendencia para la ciudad de Cali y sus habitantes debido a las implicaciones socio-económicas, políticas, administrativas, fiscales, ambientales, culturales, urbanísticas, etc., es imperativo promover y realizar un amplio debate público con fundamento en lo establecido en el artículo 2 de la Constitución política que obliga a los funcionarios del Estado a garantizar la participación de los ciudadanos en aquellos asuntos de interés general. A la vez que existen varias inquietudes de carácter jurídico en torno a sí estando expirado el plazo para formalizar y materializar el proyecto, el Concejo Distrital conserva aún la competencia para llevar a cabo su aprobación.
Por otra parte, es conocido que la ciudad atraviesa por una difícil situación económica, financiera, fiscal y social agravada con el peso de la crisis económica y la pandemia del COVID-19 que no le permite a la administración disponer de los recursos suficientes para atender lo relacionado con la constitución de la nueva forma de división y administración del territorio de la ciudad, asegurando su control, funcionamiento y desarrollo.
Lo cierto es que en la actualidad no existen las condiciones para convertir en realidad dicho proyecto, que por lo demás no contribuirá a resolver los graves problemas de la ciudad, sumida en el caos urbanístico, el desorden en el transporte, la inseguridad, el desempleo, la pobreza y el aumento de la desigualdad social.
De todas maneras, no es improbable que se aprovechen tales circunstancias para realizar diversidad de contratos para supuestamente atender las necesidades de las localidades con lo cual se daría luz verde al despilfarro de los recursos públicos. No debe olvidarse que los recursos del presupuesto en lo que se refiere a los ingresos corrientes se nutre de los impuestos de los contribuyentes que pagan las tarifas mas altas del país, como sucede con los impuestos de predial y el de industria y comercio.
Ahora bien, es necesario aclarar que de ser aprobado y entrar en vigencia el mencionado proyecto, las obras anunciadas por el alcalde Ospina contenidas en su plan de desarrollo, deben ser convenidas con los ciudadanos y los alcaldes locales, con el fin de salvaguardar las competencias y la autonomía de las localidades respectivas.
Así las cosas, no parece viable por el momento dicho proyecto ya que no existen las condiciones concretas y objetivas para proceder a su formalización y materialización simplemente por el afán desmedido de una administración que antepone su imagen y prestigio personal por encima de los intereses de la comunidad caleña que hoy más que nunca requiere de ayuda para resolver sus problemas ligados a sus intereses y necesidades sociales insatisfechas que se hacen cada vez más críticas en medio de la polarización social, la politiquería auspiciada desde la administración y la corrupción que desbordó los espacios en que el Estado contratista interviene en alianza con el sector privado para promover obras calificadas como de interés general pero que en el fondo solo benefician intereses específicos de particulares.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
