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Nicolás Ramos G
Ingeniero Civil , ex gerente de Emcali y ex Presidente de la SMP
Hábilmente se hizo creer a la clase empresarial y asociaciones gremiales que a ellos no correspondía participar en política, que era un campo vedado, y que su obligación se limitaba a contribuir económicamente a las campañas. Nada más equivocado. Dentro de una democracia el primer deber del ciudadano, después de cumplir la ley, es elegir los gobernantes. Si elegir es el primer derecho del individuo, ¿por qué una asociación lícita de individuos o de empresas no puede elegir a sus gobernantes?
Consideramos que no sólo es un derecho, es un deber, y máxima obligación cuando dentro de los costos y forma de adelantar las campañas no aparecen como lógicos los gastos de la magnitud que se muestran para acceder a cargos públicos sin remuneración o pequeña en relación con los sueldos que se pagan en la empresa priva-da. Ello indica que algo anda mal allí.
Si queremos cambiar el país: que la moralidad retorne a la administración pública; que los dineros de los impuestos se empleen con cuidadosa avaricia en ampliar y mantener la infraestructura de bienes y servicios; que los funcionarios además de idóneos sean honestos, y que por el origen de su elección su acción se oriente a la solución macro y a largo plazo de los crecientes problemas urbanos y regionales. Debemos cumplir como individuos y como empresarios en elegir a los más capaces para los cargos del Estado. Con la sola ejecución de obras que podríamos llamar de "pan coger" para que los escogidos no pierdan su supuesta "imagen de líderes públicos", no es posible que los bienes y servicios se adecúen al crecimiento poblacional y se usen bien los dineros de la comunidad.
Siendo reiterativos, corresponde a las asociaciones gremiales, de profesionales, cívicas, buscar, apoyar y financiar la elección de candidatos idóneos para los cuerpos colegiados, gobernado-res y alcaldes. Reitero que es un deber obligante de elegir a los mejores, no podemos que los traficantes de la política o "politiqueros" y la deshonestidad continúen gobernando a Colombia y la mayoría de sus ciudades. Si no lo hacemos y cumplimos con nuestro deber de elegir los mejores, no tenemos posteriormente derecho, ni a quejarnos, ni a ningún reclamo por los actos de los malos gobernantes. Somos totalmente culpables por omisión y menos podremos hablar de la democracia, que implica primero cumplir los deberes antes que reclamar los derechos.
