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Por Benjamín Barney Caldas
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011
Cali, como tantas ciudades en el mundo, afronta amenazas, entre ellas el cambio climático, la posibilidad de una recesión económica global, pandemias, e inmigraciones no deseadas; además de posibles disturbios internos, sobrepoblación creciente y el precario control sobre su área metropolitana irresponsablemente aún no oficializada. Asuntos todos los anteriores en los que en Cali, sus alcaldes, concejales, ciudadanos e instituciones juegan un papel definitivo, pero que ya a inicios de la tercera década del siglo XXI lamentablemente lo hacen cada uno por su lado ignorando, consciente o inconscientemente, las otras opiniones y propuestas en lugar de buscar que sean compatibles.
Respecto a la Alcaldía de Cali, hay que recordar que esta debería ser responsable de actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, POT, y de llevar a cabo los acuerdos del Concejo Municipal en ese sentido, sin perjuicio de sus propias potestades; y que debe ser consciente de que es la máxima autoridad del Municipio y delegada del Gobierno en tanto su seguridad. Y por supuesto le incumbe impulsar políticas locales que busquen mejorar la calidad de vida en la ciudad y su región inmediata, como programas de salud, empleo, vivienda, educación, deportes, recreación y transporte, y que estas sean a largo plazo, y de actualizar y corregir las que ya existen y no sustituirlas por otras.
Los Concejos Municipales son corporaciones político-administrativas de carácter colegiado que deberían velar por la eficiente prestación de los servicios públicos a cargo del Municipio, junto con los correspondientes a planes y programas de desarrollo económico y social y los de diversas obras públicas. Además deben dictar las normas necesarias para el control , preservación y defensa del patrimonio ecológico, cultural y urbano arquitectónico de los Municipios, y aprueban sus presupuestos de rentas y gastos. Y desde luego deben supervisar el buen desempeño de los alcaldes, pero hacerlo en beneficio de la ciudad y los ciudadanos y no estimulados por sus particulares ideologías extremistas.
Por su parte, los ciudadanos mayores de edad, hombres o mujeres, son miembros activos del Estado, con derechos políticos como lo es el votar por Alcaldes o Concejales, además de Presidentes y Congresistas. Sin embargo, es fundamental entender que la calidad de vida de la ciudad afecta, en mayor o menor grado, a todos sus habitantes independientemente de su edad, género y condiciones económicas y sociales, y que todos están sometidos a las leyes del Estado, conformando una cultura común integrada por diversos usos y costumbres, como notoriamente sucede en Cali; tradiciones que se deben respetar unas a otras, y que hay que proteger para poderlas disfrutar sanamente.
Finalmente, aquello de que la unión hace la fuerza es lo que tendrían que entender lo más pronto posible las personas, grupos, entidades, universidades y medios preocupados por el devenir de la ciudad. Conformar algo como “Unidos por Cali,” un solo grupo de opinión que atraiga a los mejores políticos locales, para poder convencer a más ciudadanos de la responsabilidad que tienen de votar y no abstenerse, y de hacerlo por los candidatos a la Alcaldía y al Concejo Municipal que tengan mejores propuestas sobre las amenazas expuestas al inicio, y sobre otros importantes asuntos de la ciudad, como su crecimiento, seguridad, movilidad, empleo, educación, corrupción y otros más.
