Por Benjamín Barney Caldas 

Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011

Hacia mediados del siglo XX en Colombia varias ciudades comenzaron a crecer mucho y muy rápidamente, para lo cual ni sus ciudadanos ni los responsables de sus gobiernos estaban preparados adecuadamente, y casi medio siglo después aún no lo están, especialmente en Cali. En esta ciudad con casi tres millones de habitantes, ella más su área adyacente, se ignora la necesidad de planificarla al mismo tiempo que su área de influencia; no se entiende que los planes tienen que ser a largo plazo y que deben incluir todos los aspectos, ni que es indispensable poder garantizar su cumplimiento verificando que se cumplan a tiempo sus directrices y se acaten sus normas.

En este país se ignora la necesidad de planificar las grandes ciudades junto con sus áreas metropolitanas, lo que implica primero la oficialización de las que de hecho ya existen, pero sobre las cual no rige un único gobierno y en consecuencia no hay completo control sobre la misma por parte de las autoridades municipales, y ni siquiera de las del departamento respectivo. Además, lo indicado es que en una gran ciudad su gobierno dependa de esta y no del de su región, y por eso la necesidad de establecer áreas metropolitanas, las que deberían conformar los departamentos a su alrededor, los cuales se originaron cuando la mayor parte de la población era rural y sus capitales no eran grandes.

Se pasa por alto que para que sean útiles, y no que por lo contrario causen daño, los planes urbano arquitectónicos tienen que ser a largo plazo; que no pueden ser cambiados o dejados de lado por cada nueva administración; y que sus necesarias modificaciones tienen que ser ampliamente informadas con anterioridad para proceder a poderlas evaluarlas y, si es el caso, asumir. El plan de ordenamiento territorial, POT, es el orientador de las decisiones que toman los municipios, y soporte para gestionar los recursos adicionales de financiación ante las entidades del Estado, que permitan la ejecución de proyectos e infraestructuras necesarios para la ciudad y a veces para todo el país.

Hay que insistir en que estos planes de organización territorial deben incluir todos los aspectos que sean pertinentes para un mejor urbanismo y arquitectura para la región en su parte rural, y para sus respectivas ciudades y poblaciones, considerando relieves, climas, vegetaciones y paisajes naturales, y sus respectivas tradiciones edilicias locales, las que no siempre serán idénticas y han tenido evoluciones diferentes que es necesario evaluar. Que todas han seguido la arquitectura colonial de cada región, y que todas se originan en la hispanomusulmana que llegó de España y aquí se entrelazó con las indígenas existentes y, en algunos aspectos, con las africanas que igual llegaron.

Y hay que advertir que es indispensable poder garantizar el cumplimiento de un plan general urbano arquitectónico para la ciudad y su región, para lo cual es ineludible su estricto control. Pero no apenas por parte de las autoridades respectivas sino al mismo tiempo por parte de los ciudadanos, a los que ante todo habría que educar al respecto. Que a la educación cívica de Manuel Antonio Carreño (Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres, 1853) hay que agregar la geografía e historia locales; que el urbanismo, paisajismo y arquitectura sea explicado por las decisiones políticas al respecto, constituyendo una historia pertinente a la polis y no apenas a la política y sus políticos.