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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
¿Qué esperan los caleños de la nueva junta directiva del Concejo Distrital para el año 2022? La respuesta a este interrogante guarda relación con el discurso de los nuevos presidente y vicepresidentes del Concejo, cuya tarea fundamental consistirá en hacer realidad la estructura administrativa del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios mediante aprobación del proyecto de acuerdo que debe presentar el alcalde, el cual demandará de condiciones tanto financieras como políticas para su implementación desde el punto de vista administrativo y funcional. La categorización de Cali Distrito Especial se presentó como la gran alternativa de solución a los problemas que afronta la ciudad en materia de empleo, seguridad, movilidad, caos vial, urbanístico y la creciente pobreza, agravados con la crisis económica y la pandemia del COVID-19 cuya variante OMICRON se extiende con mayor rapidez en medio de la población caleña.
Los caleños no deben esperar del Concejo Distrital ni de su junta directiva las verdaderas soluciones a dichos problemas más allá de la continuidad de proyectos y programas contenidos en el plan de desarrollo del alcalde Ospina y del incremento de la contratación estatal, incluso en esta época pre electoral en donde de acuerdo con las modificaciones introducidas en la ley de presupuesto al régimen electoral se permite a alcaldes, gobernadores y al gobierno nacional celebrar toda clase de convenios interadministrativos disfrazando de esta forma la contratación con fines meramente electorales.
En el caso específico de Cali, el conocimiento y la experiencia que se tienen en estos menesteres nos permiten afirmar a partir de los discursos de los integrantes de la mesa directiva, que aquellos acuerdos presentados por el alcalde Ospina en torno a la puesta en marcha del nuevo modelo político administrativo territorial de Cali serán aprobados en su totalidad, generándose con ello un aumento de la burocracia y mayores costos administrativos que se cobrarán con base en los impuestos, tasas y contribuciones que pagarán los caleños, en momentos en que las finanzas de la ciudad se encuentran afectadas por el crecimiento abultado de la deuda pública y el aumento del gasto social.
Paralelamente a esta situación, no es improbable que la administración suscriba nuevos contratos de servicios y se otorguen toda clase de subsidios en favor de los sectores sociales afectos a concejales y a la administración para estimularlos y convertirlos en masa electoral disponible en medio de la elección de congresistas y presidente de la república.
De las experiencias existen múltiples ejemplos en la ciudad y en todo el país en donde se pone de presente el inmenso poder político de funcionarios que utilizan los recursos del Estado para escalar en la estructura del poder y de paso publicitar su imagen y su ego, tal como sucedió durante la feria virtual del 2020 o con las inversiones multimillonarias en la construcción del segundo tramo del parque lineal del Río Cali, cuyo mayor costo se refleja al parecer en las grandes piedras posiblemente sacadas de los siete ríos que poco a poco se extinguen con la contaminación, la destrucción de sus riberas y el urbanismo desbordado de constructores y urbanizadores que se lucran con los planes de desarrollo elaborados por los alcaldes y aprobados por los concejos de la ciudad.
Entre tanto la ciudad se sumerge en una proverbial decadencia que clama porque los caleños pertenecientes a diferentes clases y grupos sociales que viven de su trabajo, renuncien al conformismo y a los formalismos asumiendo la tarea de rescatar a la ciudad del caos y de la anarquía, lo cual demanda de la voluntad y el tesón de miles de caleños que deben comprometerse con la construcción de una nueva sociedad caracterizada por el progreso material y espiritual, la democracia participativa, la paz y el bienestar general para todos sus habitantes.
