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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Parece que regresaron a la Casa de Nariño los fantasmas samperianos y santistas que acuñaron las célebres frases, “todo sucedió a mis espaldas” y “me acabo de enterar”. En esta ocasión, como es costumbre, fallaron los entes de control y las oficinas de control interno, tanto de la Presidencia como de la veintena de entidades que ejecutaron los contratos objeto de los bochornosos escándalos.
En esta ocasión, la esposa del Asesor Presidencial Andrés Mayorquín, Karen Liseth Vaquiro, tuvo en escasos veinte meses, la audacia e insólita e imponderable eficiencia administrativa de poder ejecutar, en el mismo lapso de tiempo, más de quince contratos simultáneamente.
Antes que su esposo fuera nombrado Asesor Presidencial, la contratista se desempeñaba como gerente de oficina bancaria del Banco de Bogotá, pero en el macondiano universo colombiano de realismo mágico se transformó velozmente en multibillonaria contratista del estado.
María Paula Correa, el poder detrás del trono del presidente Duque, actuando bajo la figura burocrática norteamericana de jefe de Gabinete, manifestó y nuevamente acuñó otra celebre y anecdótica frase, “fui asaltada en mi buena fe”. Es ilógico pensar que un funcionario con el perfil profesional de la jefe de Gabinete omita el mas simple y fundamental principio de administración; supervisión a la función delegada. Quizás por estar atenta a la agitada agenda presidencial perdió la noción de saber que hacían sus inmediatos colaboradores.
Y parece que la corrupción al interior de la Casa de Nariño no termina ahí.
Esta semana salió a la luz publica que el secretario jurídico de la Presidencia, Germán Quintero, al igual que el asesor Mayorquín, utilizó sus buenos oficios y poder burocrático, faltando al fundamental principio de la ética, al permitr que su esposa, la abogada Claudia Mondragón, ejecutara contratos con el estado por $ 650 millones en el año 2021.
La pregunta obvia es ¿Sí uno de los conyugues es mas productivo, cual es la razón para que el otro cónyuge acepte cargos públicos?, o sencillamente es el andamiaje para el crimen perfecto.
De nada sirven las plataformas de Sistema Electrónico para la Contratación Publica – SECOP, ni los miles de funcionarios anquilosados en los entes de control cumpliendo funciones veniales y triviales, sino existen verdaderos derroteros incorporados como política de estado de combatir el mayor flagelo; la corrupción.
No son los 1300 funcionarios, otro despilfarro del erario, que pretende contratar, por mandato presidencial, la Procuraduría, lo que necesita la nación. Lo fundamental, lo indispensable es fortalecer e inculcar el principio fundamental de ética y valores. Estamos atestiguando la decadencia de la honestidad, pulcritud y transparencia del funcionario publico.
Como en el pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas por Dios, con azufre y fuego por los pecados cometidos, es necesario castigar ejemplarmente a quienes abusan del efímero poder burocrático, condenándolos al escrutinio publico, la privación de libertad y el ostracismo.
