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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Hernando Morales Plaza, abogado administrativista y pre-candidato a la Alcaldía, acertadamente organizó un foro académico esta semana en Cali. El evento contó con la participación de tres panelistas y el Dr. Morales como moderador.
El exsecretario de Seguridad Publica de México, Jesús Alberto Capella, hizo una comparación de Tijuana y Cali, en cuanto a la problemática común de inseguridad que vivió esa población. No solamente se ha cambiado la perspectiva de las nuevas generaciones, donde el delincuente es considerado ejemplo, sino el divorcio entre la sociedad y la institucionalidad del concepto de autoridad.
Considera el problema de inseguridad radica en el dinámico crecimiento en los últimos años del microtráfico, extorsión y atomización de decenas de carteles. Las ganancias del flagelo se han multiplicado mil veces, mientras el presupuesto institucional se ha quedado atrás.
Las redes sociales, sin censura alguna, distorsiona la realidad de acontecimientos. Los videos subidos irresponsablemente tan solo muestran el momento de captura y no el antecedente delictivo. Por ello la institucionalidad es convertida en abuso de poder policial y de derechos humanos, ilegitimando la autoridad, de paso alejando su imagen de cercanía con la comunidad. A esta situación se suma la complejidad e impunidad del sistema judicial expuesto igualmente a veedurías infundadas que distorsionan la autoridad e institucionalidad con el romanticismo del concepto de perdón y olvido.
El presidente de El Salvador Nayib Bukele, se hizo presente a través del segundo panelista, Gustavo Villatoro, su ministro de justicia y seguridad quien hizo un pormenorizado recuente de la política de seguridad implementada. El país centroamericano registraba los más altos índices de secuestros y homicidios del planeta, con 108 por cada cien mil habitantes en 2015. Identificaron los más de ciento veinte mil homicidios asociados al control territorial de los carteles terroristas del narcotráfico y contaminación del proceso democrático electoral. Se habían convertido en sociedad paralela al estado de derecho, bajo equivocada imagen como enemigo de la sociedad, prosperando con absurdas modificaciones legislativas de concepto perverso penal sometiendo la legitimidad ante un incapacitado y postrado actor.
Se creó una reforma constitucional, con carácter excepcional, tomada de países desarrollados, mediante la cual no se judicializa individualmente al sujeto sino contra ese estado paralelo de organización delincuencial. El mejor ejemplo es la Ley RICO-norteamericana, con la cual se combatió exitosamente las actividades delincuenciales de la mafia neoyorquina, proceso liderado por Rudolph Giuliani.
Pese a los reclamos globales de equivocados conceptos de derechos humanos, la impunidad salvadoreña equivalente al 97% se invirtió. Es claro que los cincuenta mil pandilleros, actuando como peones de un estado delincuencial superior, hoy privados de libertad, son responsables materiales de los altos niveles de inseguridad, que impactaron directamente la cuarta parte de la población del país. De los niveles de 2015, de 108, hoy se registran 3 homicidios por cada cien mil habitantes. La política de estado no debe ser diferente al orden, autoridad y el sometimiento del delincuente a la justicia. Es equivocado el concepto de perdón y olvido que por décadas alimentan el flagelo criminal.
Como nadie es profeta en su tierra, orgullosamente los elogios y reconocimiento a la Policía Nacional de Colombia fueron manifestados enfáticamente. Nuestra institución es y ha sido modelo en el contexto global, exaltando su alto compromiso, profesionalismo y mística institucional. Combatir el narcotráfico y desmantelar los poderosos carteles de Medellín y Cali son ejemplarizantes. Igual enaltecimiento se hizo al Ejército colombiano, destacándose el cinematográfico hecho de la liberación de Ingrid Betancourt.
El evento lo remató el General (R) de la Policía Nacional, Luis Alberto Moore, quien se identificó con lo comentado y aceptó a nombre de la institución los elogios. Recalcó la actividad profesional del cuerpo policial, pese a la impunidad que lamentablemente el poder judicial menoscaba por la complejidad del estamento.
Hernando Morales presentó su política de seguridad fundamentada, no solamente en el símil escuchado, sino en su experticia legal y formativa. Como el alcalde es la primera autoridad de policía, propone introducir el Código Distrital de Convivencia, apoyó presupuestal, coordinación, articulación, participación ciudadana, exigencia a los organismos de control y judiciales como herramientas primordiales.
Indudablemente la problemática se soluciona, con detenido análisis del diagnóstico, pero con ejemplos similares viables, como los escuchados.
El Dr. Morales mostró liderazgo, vocación de servicio y compromiso a favor de la ciudad.
