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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Siendo Cali el epicentro de la protesta social y del paro nacional en donde se sucedieron una serie de hechos y acontecimientos, además de quejas y reclamos relacionados con el manejo y control del orden público y sin que se tomaran las previsiones para evitar la violencia y el caos en gran parte de la ciudad, generándose con ello una gran incertidumbre e inseguridad en el seno de la sociedad, es que los caleños y vallecaucanos exigimos que las autoridades en cabeza del alcalde Jorge Ivan Ospina, faciliten la participación de los ciudadanos en la rendición de cuentas que debe realizarse en cumplimiento del deber constitucional y legal no solo de informar sino de explicar las razones del desbordamiento de la protesta social.
Dicha exigencia no puede desestimarse por el alcalde, pues las autoridades deben dar una explicación a fondo de las razones que lo motivaron para delegar en las fuerzas policiales y militares la orientación y sentido de la política de seguridad que debió aplicarse por el mandatario en su carácter de jefe de la policía y de la obligación de coordinar las acciones con la fuerza pública, encaminadas a rescatar la tranquilidad y la convivencia social de los ciudadanos, conjuntamente con el deber de acompañar el ejercicio legítimo de la protesta social, impidiendo que individuos aislados o grupos de anarquistas y delincuentes la contaminaran con sus actos vandálicos y violentos que lindan con el Código Penal.
En esta ocasión la aplicación del principio de autoridad en el marco de los derechos humanos y tratados internacionales “brilló por su ausencia” en manos de las fuerzas políciales y del propio alcalde, quien con su actitud indecisa y omisiva permitió desde un principio los bloqueos que se presentaron y continúan en la ciudad constituyendo una violación de los derechos y libertades de las personas consagrados en la Carta de Derechos de la ONU y de la Constitución Política relacionados con la libertad de expresión, la libre movilidad, el derecho al trabajo, el transporte de alimentos, combustibles e insumos médicos para atender los pacientes afectados por el COVID-19 y otras patologías, entre otros derechos.
Por otra parte es necesaria la convocatoria de un cabildo abierto por parte del Concejo Municipal a fin de debatir conjuntamente con las autoridades la política de seguridad que se maneja desde la alcaldía y que de acuerdo con el conocimiento y la experiencia vivida se ha convertido en un simple instrumento formal mediante el cual se pone en duda la calidad del alcalde como jefe de la policía en tanto que las fuerzas policivas se apropian del control y manejo del orden público a partir de las órdenes impartidas desde el ministerio de defensa que funge como comandante en jefe de dichas fuerzas.
ADENDA: Resulta por lo demás inaceptable que las autoridades municipales y en el Gerente General de EMCALI y el gerente de TELCO, no atiendan las solicitudes de los usuarios del servicio de telecomunicaciones (internet, telefonía), que INJUSTIFICADAMENTE se han visto represadas por la inactividad laboral de los operarios que dejaron de cumplir con sus obligaciones so pretexto de que no tienen garantías para su seguridad en medio de la protesta social, generándose con ello una crisis institucional y de incumplimiento de los deberes, con notorio perjuicio para los ciudadanos que están privados por ejemplo, del servicio de INTERNET desde el 28 de abril y reportado el daño, circunstancia esta que amerita las consabidas sanciones disciplinarias del caso.
Desde este espacio reiteramos nuestra solicitud de atender las peticiones de los usuarios de arreglo del internet y cambio de modem, a la mayor brevedad posible.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
