Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El pago adicional de la sobretasa nacional por concepto del consumo del servicio de energía que se cargará a los estratos 4, 5 y 6 y a los sectores comercial y el industrial en todo el país, contenido en la ley del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República supuestamente como un “acto de solidaridad” con los habitantes de la Costa Atlántica, constituye un grave y funesto precedente que coloca en desigualdad de condiciones a los usuarios a quienes se les obligará a sufragar los costos de los malos manejos de las empresas del servicio público de energía; además de los actos de corrupción y de la politiquería de todo lo cual deben responder la multinacional ELICTRICARIBE y la clase dirigente de la costa Caribeña.
Este hecho contrario a los intereses y al querer de todos los colombianos demuestra una vez mas que las recetas neoliberales de privatización de las empresas estatales tampoco resuelven los graves problemas y defectos de aquellas, en tanto que estas se convirtieron en fortines de las clases y grupos sociales ligados con los grandes negocios de los servicios públicos, que fueran auspiciados por gobiernos anteriores, permitiendo que se formara un gran monopolio que en este caso terminó acabando a la empresa estatal CORELCA ATLANTICO ESP, posteriormente privatizada resultando de esta manera peor el remedio que la enfermedad.
Así las cosas, con la imposición de este cobro adicional se repite de cierta manera la historia del Metro de Medellín cuyo costo final con sobrecostos se cubre con los recursos del presupuesto nacional que se nutren de los impuestos de los colombianos. Estas mismas experiencias se podrán repetir en el caso de las EPS y las IPS que tienen al borde de la quiebra el sistema de salud.
No se debe olvidar que la compañía española NATURGY (antigua Gas Natural Fenosa) en el mes de junio de 2018 demandó a Colombia ante tribunales de arbitraje internacionales por la suma de $ US 1.626 millones de dólares a raíz de la intervención de ELICTRICARIBE ordenada por la Superservicios por los supuestos daños y perjuicios causados, no obstante que los recursos del fondo para su recuperación y de los subsidios a los estratos bajos, no se invirtieron en la ampliación y mejoramiento de los servicios de energía, con destino a la población caribeña que se negó a pagar las facturas del servicio de energía ante el incumplimiento e ineficiencia en su prestación, después de lo cual han pasado varios años sin que se resuelvan los problemas y se garantice la continuidad en la prestación de dicho servicio público.
Lo mas grave es que no se conoce el costo de la inversión que tendrá que hacerse y que los colombianos tendrán pagarán hasta el año 2022, lo que por supuesto no impide al gobierno prorrogarlo indefinidamente, mas aun cuando está pendiente una nueva regulación de la tarifa sobre el servicio de energía, que hará el gobierno nacional en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
Aunque a los estratos 1, 2 y 3 no se les cobrará el “pago adicional” de 4 pesos por kilowatio consumido, el mismo recaerá en cabeza de los sectores de clase media que no obstante pertenecer a los estratos 4, 5 y 6 en su gran mayoría viven de su trabajo y en general no son los dueños de los medios de producción, ni de la riqueza nacional, ni accionistas de las grandes empresas comerciales y empresariales y como tales son los que mas contribuyen con sus impuestos al fisco nacional en su condición de médicos, abogados, ingenieros, economistas, técnicos, periodistas, etc.
Desde la Veeduría Por la Democracia y la Convivencia Social advertimos a los caleños lo que puede suceder con EMCALI, dada la situación de crisis por la que atraviesa y el propósito de algunos sectores económicos y políticos de privatizarla, escindirla o capitalizarla, etc., con lo cual se podría repetir la historia de tan ingrata recordación para todos los colombianos y desde luego para los caleños y vallecaucanos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
