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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Para algunos sectores de la población, la violencia que se vive en el país bajo diferentes formas y modalidades, crece exponencialmente hasta el punto de considerarse que la misma rebasó las posibilidades de los gobiernos para reducirla o erradicarla del seno de la sociedad.
Dicha circunstancia hace que las políticas adoptadas para tal efecto no sean apreciadas en general debido al fracaso que han tenido en su aplicación, en tanto que la irrupción violenta del narcotrafico, del paramilitarismo y la proliferación de la corrupción han hecho más difícil y compleja la labor de la justicia en la persecución de la delincuencia y sanción de los responsables de diversos delitos.
Estos hechos han llevado a que se adopten posiciones fatalistas que conducen al conformismo y a la pasividad en la lucha y contención de este fenómeno social, como es el de la violencia histórica y sistematizada que hunde sus raíces en el conjunto de las relaciones económicas, políticas y sociales en que se sustenta el modelo de sociedad capitalista existente en el país, en donde la codicia y el afán de lucro, el enriquecimiento ilícito, la explotación económica del trabajo, la discriminación social y de género y la opresión política constituyen la base de los conflictos y contradicciones sociales que se expresan de manera violenta en la práctica social.
Ahora bien, desde el gobierno del presidente Petro se considera que buena parte de dicha problemática puede remediarse o por lo menos atenuarse con la implementación de ciertas medidas voluntaristas fundamentadas en el diálogo y la concertación con todos aquellos grupos armados ilegales que han estado ligados a la rebelión o hacen parte de organizaciones criminales que operan en varias regiones del país, generando con su accionar una situación de violencia que afecta fundamentalmente a la población rural.
Tratando de convertir en realidad su política de paz, el presidente Petro en reciente visita a la ciudad de Buenaventura propuso como alternativa de solución de los problemas de violencia que padecen sus habitantes, ofrecerles un salario mínimo legal mensual a quienes se encuentran alzados en armas, refiriéndose a los jóvenes que integran las pandillas de Los Chotas y de los Espartanos, además de ofrecerles oportunidades para estudiar y trabajar, lo cual contribuiría a lograr La Paz con equidad y justicia social para aquellos excluidos de los beneficios de la sociedad.
Dicha propuesta inspirada en una especie de pragmatismo respecto de su política de paz total, se convierte en una panacea para lograr un determinado objetivo, sin importar si los medios utilizados para tal fin, son los más convenientes y aceptables desde el punto de vista ético y moral.
Con todo, dicha propuesta estaría lejos de asegurar La Paz y la convivencia social, en tanto puede generar en la conciencia de la gente una ilusión que capitalizaría el gobierno como alternativa de solución del problema de la violencia que vive el puerto de Buenaventura pero que a la postre no impedirá que se reviva el pasado de violencia, cuyas causas se mantendrán incolumes a la vez que más temprano que tarde se desvanecerán las razones y motivos que tuvo el gobierno del presidente Petro para lograr La Paz, generándose con ello una gran desilusión y desconfianza que se reflejarán en el retorno de la violencia entre las diferentes pandillas.
Así las cosas, está claro que esta clase de medidas no podrán detener la violencia, en tanto que buscan apaciguar los ánimos de quienes ingenuamente se dejan seducir con las palabras y propuestas con las cuales se logra desviar la atención de las verdaderas causas y factores que engendran la violencia en Colombia.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
