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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Desde que conocemos la actividad política de Gustavo Petro, no podemos olvidar sus permanentes denuncias de casos de corrupción. En sus diferentes campañas, tanto al Senado, como a la presidencia, siempre priorizó la lucha contra la corrupción como una de sus principales banderas. Sus incendiarios discursos de sublevación contra la institucionalidad colombiana llevaban el mensaje de un cambio que el proponía.
Después de once meses, el gobierno del cambio, aquel que pregonaba a los cuatro vientos la transparencia, la moral, el respeto sagrado al erario, parece haber olvidado sus incumplidas promesas de campaña.
Existe una plataforma de contratación, Sistema Electrónico para la Contratación Publica – SECOP, a la cual toda persona que obtenga contratos con recursos del erario, debe presentar información actualizada de sus contratos, e inclusive existe una casilla de “conflictos de interés”, en caso de que parientes también tengan contratos con el estado.
Siete ministros actuales tienen familiares ocupando puestos dentro del gobierno. Todos, con excepción de Minminas, que atribuye, no haber señalado el conflicto, por un olvido de digitación, han declarado que tienen parientes disfrutando de contratación estatal.
Si bien es cierto no existe, ni se tipifica ilegalidad, deja un sinsabor el nepotismo reinante de la administración Petro.
El esposo de Minminas, Irene Vélez, el neerlandés Sjoerd Van Grootheest, acaba de obtener un contrato por $ 128 millones con el Fondo Colombia Paz, dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE. No es la primera vez que al Sr. Van Grootheest su condescendiente conyugue lo acomoda con algún contrato público. El Mininterior, Luis Fernando Velasco, mejor conocido como “chuspas”, tiene a sus dos hermanas acomodadas en la administración central. El hijo de Gloria Ines Ramírez, la Mintrabajo, quien debe dar ejemplo de meritocracia, tiene a su hijo trabajando en el Ministerio de Cultura por $ 9, 5 millones mensuales. También su otro hijo presta servicios Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -Uspec, devengando $ 8 millones mensuales. La esposa de Mauricio Lizcano, Mintic, goza de un contrato de $ 13 millones mensuales en el Senado. El recién posesionado Minsalud, el mismo que declaró que detrás de los procesos adoptados por la pandemia del Covid habia una negociado, tiene muy bien acomodada a su esposa en la Superintendencia de Salud. La esposa del Minhacienda, Ricardo Bonilla, trabaja en Minagricultura. El esposo de Aurora Vega, la Mineducacion, es contratista de la Defensoría del Pueblo. Por último el Mincomercio, Germán Umaña, tiene vinculado a su hijo y nuera en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE.
En caso de seguir buscando, a nivel nacional, regional y local, encontraremos una maraña de contratistas del estado, con aparente “conflicto de interés”, que no les pasa por la mente que deben ser adalid de transparencia, moral y méritos.
No se duda de la preparación académica y profesional de los familiares, pero la pregunta obvia es ¿Si están tan bien preparados, porque no acuden a cargos alejados de los hilos familiares?
Mientras esto esta sucediendo, Petro pretende calmar el hambre la Guajira, con infundado decreto de emergencia económica y simultáneamente calmando el voraz e insaciable apetito burocrático, creando el Ministerio de la (des)Igualdad.
