Por Paloma Valencia
Abogada - Senadora de la República.
Hábilmente la izquierda pretende desconocer que las decisiones políticas de conveniencia o inconveniencia en una democracia le corresponden al Presidente. Sostienen en un sofisma que como la Corte Constitucional ya dijo que estos concretos artículos de la ley estatutaria eran constitucionales, eso excluye la posibilidad de que esos apartes sean considerados como inconvenientes.
La constitucionalidad de una norma no siempre supone la inmediata inconstitucionalidad de otra alternativa. La interpretación constitucional se refiere a una norma específica, y no excluye normas similares o distintas. Muchas normas constitucionales pueden ser inconvenientes, y por lo tanto objetadas.
Así por ejemplo, dijo la Corte que es constitucional la norma sobre la reparación de las víctimas, aunque sea ambigua; lo que en ningún caso significa que una norma precisa sobre la materia sea inconstitucional. Así mismo, precisar las funciones de la Fiscalía –aunque lo contenido ahora en la ley estatutaria sea constitucional, no necesariamente es inconstitucional.
Dijo la Corte que es constitucional que los delitos de violencia sexual vayan a la JEP, pero si el Presidente presenta una reforma constitucional para que no vayan, pues aquella reforma cambia el texto actual; y no supone en ningún sentido una sustitución constitucional. Más aún sostuvo la Corte que no riñe con el texto superior, el hecho de que solo se investiguen los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad. Es evidente, que una norma que ordenara que se investigue y juzgue a todos los autores, también pasaría el examen constitucional. Y este es un tema central. Los delitos de lesa humanidad no permiten impunidad, no solo por los preceptos de la CPI; sino porque son la única herramienta para dar garantía de no repetición. Solo las sanciones a los graves delitos permiten que la sociedad como un todo reciban el mensaje de que lo sucedido es inaceptable y que nadie, nadie debería volver a hacerlo.
Por supuesto, la inconveniencia de que la JEP pueda practicar pruebas en los procesos de extradición es evidente. La prueba sobre la fecha, es exactamente la misma sobre la comisión de los hechos. No me imagino una prueba sobre la fecha, que no sea al mismo tiempo, la prueba sobre el delito. Pedir tales pruebas violenta los sistemas de justicia. Para todos es bien conocido, que los procesos penales tienen reserva de la prueba y cadenas de custodia que de ser alteradas, implicarían la nulidad del proceso. Así las cosas, lo lógico, lo posible, es que la JEP pregunte de manera clara la fecha de ocurrencia de los hechos y confié en lo que el Estado requirente solicita. Todo lo demás es impedir la extradición de los reincidentes.
Sin duda lo más importante de la decisión presidencial es la reforma constitucional para que los delitos de violencia sexual contra los menores, no sean susceptibles de justicia transicional y su consecuente impunidad. Esa conducta sistemática denunciada con valor por las niñas de la Corporación Rosa Blanca demuestra que las Farc son responsables de pedofilia y de esclavitud sexual. Tales delitos deben ir a la justicia ordinaria.
El verdadero problema de la JEP es que está totalmente ideologizada. El jurista Uprimny protestó mucho porque consideraba que la llegada de un académico como Darío Acevedo al Centro de Memoria Histórica era una afrenta; con lo que no estoy de acuerdo pues al doctor Acevedo no hay nada que reprocharle. Pero un poco, ese mismo argumento es el que medio país aduce sobre la JEP. Es una justicia en la que medio país no confía. Y sí que tenemos razones para ello: cuatro detenidos por favorecer a las Farc (incluido un fiscal y la directora administrativa), denuncias de que el secretario ejecutivo solo podían nombrar personas afines a las Farc, abogados de Santrich con contratos en la JEP…
Quienes votamos NO fuimos groseramente excluidos por Santos. Ahora elegimos un Presidente que tiene el mandato democrático de modificar los acuerdos. Se requiere que los defensores de los mismos, acepten las reglas de la democracia, y entre todos generemos una JEP que nos de confianza a todos. Ese es el reto. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, estamos listos para el dialogo; ojalá los defensores del acuerdo decidan intentar un acuerdo nacional.
