Por Julián Velasco A - Arquitecto UJ-Bog, MScEcon Uniandes, MPA Harvard, MA y PhD (cand) Econ. Harvard
en Colombia solo el 6 % de contratos de obra incluyen estudios previos que las justifiquen, situación aplicable a Cali y al Valle del Cauca
Esta aseveración generalizada entre los colombianos ha sido confirmada por varias fuentes de insospechada validez. La Cámara Colombiana de Infraestructura realizó en el 2014 un estudio que reveló que en Colombia solo el 6 % de contratos de obra incluyen estudios previos que las justifiquen, situación aplicable a Cali y al Valle del Cauca. La contratación de las obras de infraestructura se hace sin analizar la demanda que permita determinar si son convenientes para la comunidad y en caso positivo, cual es la mejor alternativa. El estudio de la CCI sugiere que en Colombia se construye con una inversión mínima en estudios.
Los procesos de contratación pública a nivel departamental solo 19 % es transparente y en los municipios, solo el 14 %. Solo el 20.4% del total de los procesos de contratación, cuenta con más de un oferente al inicio. El 92 % de los recursos se concentran en el 20 % de los contratos, que son los de mayor valor.
Lo anterior implica despilfarro de los dineros públicos y corrupción en el peor caso. Las instituciones públicas deben revisar el beneficio de “ahorrar” en estudios y asignar presupuestos suficientes para estudios de preinversión, antes de contratar su ejecución, mediante estudios de demanda y evaluaciones socioeconómicas y financieras.
En la Asamblea Nacional de FENALCO en Santa Marta el 15 de septiembre de 2017, en el foro con los precandidatos a la Presidencia de Colombia, todos ellos estuvieron de acuerdo en que hay que frenar la corrupción generada por malas prácticas en la adjudicación de contratos de inversiones públicas, tanto las directas, como de las licitaciones públicas.
Las obras de regalías no tienen estudios previos adecuados. En enero de 2017 la Contraloría General de la República informó que muchas obras financiadas con regalías nunca se terminan o se ponen en funcionamiento pues no tienen la pertinencia para haber sido priorizados debido a la falta de estudios previos. Las regalías no han cumplido el objetivo de contribuir al bienestar de las comunidades pues se han vuelto una agenda política y no un plan de desarrollo de largo plazo.
El Gobierno Nacional busca que estos recursos se ejecuten de forma rápida para dinamizar la economía. Sin embargo, para lograr que las inversiones públicas cumplan con la finalidad de mejorar el bienestar de la población y las condiciones de competitividad, es esencial llevar a cabo los estudios pertinentes antes de iniciar las obras. Esta verdad es avalada por todos los organismos internacionales (Banco Mundial, el BID, la CAF, etc) que condicionan sus préstamos a estudios previos de las obras a financiar, entre los que sobresale la evaluación de proyectos.
La evaluación de proyectos es un proceso que permite prever los cambios generados por un proyecto comparando la situación sin y con la inversión, para conocer si éste cumple sus objetivos. Todo proyecto debe tener algún objetivo relacionado con el mejoramiento en las condiciones de vida de la población, en términos de ingresos o acceso a servicios.
La formulación de un proyecto implica plantear el objetivo principal que se busca, los medios para alcanzarlo, identificar las alternativas y seleccionar la mejor a partir de las viabilidades técnicas (proyectos de ingeniería y arquitectura), de mercado (demanda y oferta), económicas (aporte al bienestar de la sociedad en su conjunto), financieras (rentabilidad financiera para el inversionista), sociales o distributivas (distribución de beneficios y costos del proyecto a los distintos grupos), institucionales (capacidad jurídica y operativa) y ambientales (mitigación de impacto). La programación, una vez seleccionada la alternativa debe incluir los flujos financieros, las posibles fuentes de financiación y los indicadores de seguimiento del proyecto.
La evaluación de alternativas ayuda a tomar decisiones beneficiosas para la sociedad pues disminuye la posibilidad de ineficiencia y corrupción
La evaluación de alternativas ayuda a tomar decisiones beneficiosas para la sociedad pues disminuye la posibilidad de ineficiencia y corrupción al permitir: a) analizar la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto del proyecto a la luz de objetivos específicos; b) emitir un concepto sobre la conveniencia de las diferentes alternativas; c) estimar la rentabilidad financiera, económica y social del proyecto. En síntesis: permite responder a la pregunta: ¿Por qué ejecutar este proyecto y no otro?
Cada administración nacional, departamental o municipal, institutos descentralizados, monta sus amigos para los estudios y las obras, muchas veces ni los gobernantes se enteran, pero los resultados finales son los del fracaso, solo es ver el MIO en Cali, Megaobras, el Jarillon, etc y la práctica continúa en Emcali, Metrocali , con una EMRU, que hace la contratación a dedo.
