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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La crisis institucional de la democracia en Cali se refleja en la crisis del Concejo Municipal integrado por diversos sectores políticos que se dicen representar los intereses comunes de los caleños pero que en la práctica defienden los intereses de determinados grupos y clases sociales vinculados con la clientela política y los contratistas del Estado que les permiten reproducirse en el poder, al tiempo que aprueban acuerdos impuestos por el gobierno de turno, lo que hacen que la institución pierda su carácter democrático y representativo.
Por otra parte, dicha institución ha venido perdiendo peso político en el concierto institucional en la medida en que se refuerzan los poderes del alcalde con la anuencia de los cabildantes que aprueban en las comisiones respectivas y en las plenarias la mayor parte de los proyectos de acuerdo que conllevan autorizaciones al alcalde de contratar nuevos empréstitos con el sector financiero para la ejecución de un sinnúmero de obras, muchas de las cuales no siempre se terminan o están cargadas de sobrecostos que traen consigo un enorme endeudamiento y un déficit en las finanzas públicas que se trasladan a los contribuyentes vía impuestos, tasas y contribuciones.
Al tiempo que se acrecienta el poder del alcalde con el otorgamiento de facultades que le entrega el Concejo, gran parte de las obras que requiere la ciudad y demanda la población no se realizan, aplazándose de esta manera la solución a los problemas que hoy soporta la ciudad.
En tales circunstancias está demostrado que el Concejo municipal no ejerce en términos generales el control político de la gestión del alcalde de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la ley y cuando se realiza por solicitud de algunos concejales de la oposición éste no conlleva mayores efectos políticos al interior de la administración municipal.
Por otra parte, el derecho de los ciudadanos a intervenir en los espacios de participación en el Concejo para expresar algunas opiniones en torno a los proyectos de acuerdo que se debaten en las comisiones, es muy limitada y estrecha, convirtiéndose la misma en una simple formalidad que muy poco tiene que ver con la obligación constitucional que tienen las autoridades de facilitar la participación de los ciudadanos en aquellas decisiones que los afectan directa o indirectamente en la vida económica, política, administrativa y cultural de la ciudad en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.
Aunque se supone que los concejales miembros de la corporación edilicia deben actuar como representantes del pueblo soberano del cual emana el poder público según lo establecido en la Constitución Política, el hecho real es que estos representantes se alejan cada vez mas del ciudadano que desconfía de dicha institución del Estado como de la democracia participativa convertida en una simple instancia de comunicación y socialización de las decisiones que se toman en las alturas del poder y que nada tienen que ver con las necesidades e intereses generales de la comunidad.
Y de ahí que de acuerdo con las encuestas de opinión realizadas por “Cali Como Vamos”, el 78% de los caleños califican la gestión del concejo municipal como mala; lo que pone al desnudo la crisis institucional de la democracia en Cali.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
