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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
El desgobierno por el cual atraviesa la ciudad es insostenible. En las ultimas semanas destacados columnistas de medios nacionales y locales se han pronunciado con vehemencia y claridad sobre el desgreño administrativo que padece la ciudad de Cali y sus entes descentralizados. Recientemente la Unidad de Acción Vallecaucana, en representación de la sociedad civil, también hace un llamado de gobernanza.
El paro nacional, los bloqueos y destrucción de bienes públicos no tiene antecedentes. La administración en complicidad con el Concejo Municipal, en vez de trabajar mancomunadamente en la recuperación de los destrozos de los vandálicos actos, se muestran ajenos a la realidad de la ciudad. Continúan aprobando partidas adicionales presupuestales a un gobierno que no ofrece garantías de inversión bajo elementales principios de transparencia, idoneidad y prioridad.
Es el momento para que los entes fiscalizadores del estado, fortalecidos constitucionalmente en la carta de 1991, actúen de manera objetiva, clara y contundente sobre los hechos que han llevado a la peor crisis administrativa y desprestigio de administración alguna caleña.
En la comisión Séptima del Senado, los congresistas vallecaucanos han solicitado formalmente a la Contraloría General de la Nación intervención y celeridad en las investigaciones y presuntas irregularidades de contratación en EMCALI.
La Fiscalía y Procuraduría Nacional han iniciado procesos de investigación, pero aun no hay pronunciamientos contundentes sobre avance de las mismas. Con la misma celeridad con la cual han actuado en el escándalo de contratos de Ministerio de Telecomunicaciones es el clamor ciudadano caleño.
Los tres entes mencionados tienen suficiente amplitud presupuestal para atender la necesidad imperiosa de investigación, ostentan asignación de funcionamiento superior a $ 6 mil millones anuales, lo que les permite desarrollar procesos con holgura, facilidad y celeridad.
No es el momento de rasgarnos vestiduras solicitando la intervención del vallecaucano ministro de Justicia, ni acudir a la cercanía de la región con el gobierno central. Sencillamente es el momento de pedir a los entes fiscalizadores actuar de acuerdo a la función constitucional que les otorga amplitud investigativa.
Tampoco existe impedimento alguno para investigar y eventualmente sancionar funcionarios elegidos popularmente, como algunas voces aseveran en interpretaciones erróneas y superficiales acudiendo a una espontánea recomendación de la comisión de derechos humanos (CDH).
No se puede violentar la función constitucional de los entes de fiscalización y control fundamentadas en una recomendación supraconstitucional.
¡¡Entes de control, es el momento de actuar en defensa del derecho ciudadano!!
