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Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Los caleños que eligieron al alcalde Armitage y a los concejales para administrar los asuntos de la municipalidad seguramente actuaron convencidos de que por fin se arreglarían algunos de los problemas que los afectan directa o indirectamente en sus necesidades e intereses generales. Sin embargo todo parece indicar lo contrario en la medida en que se continua dando “palos de ciego”, como se dice en el argot popular, respecto de algunas de las cuestiones relacionadas con la seguridad de los ciudadanos, la movilidad, el empleo, el manejo de los servicios públicos, la atención en la salud, la educación, la reducción del déficit de vivienda, etc., tratadas con paliativos y medidas coyunturales que en nada contribuyen a erradicar sus causas o por lo menos a remover los obstáculos que impiden su manejo y control en el corto y mediano plazo.
Mientras tanto se desatienden las denuncias y reclamos que oportunamente presentan los ciudadanos que por ejemplo, en el caso de un grupo de niños y adolescentes discapacitados reclaman de METROCALI y de las autoridades municipales el mantenimiento de un subsidio en el transporte del MIO, solicitud esta que ha sido aplazada y frente a la cual solo existe la promesa de que para la próxima semana será restablecido dicho subsidio.
La otra queja de los caleños consiste en que a los propietarios y poseedores de predios dentro del Municipio de Cali se les ha incrementado sustancialmente el impuesto predial unificado, sin que exista una explicación que lo justifique, totalmente desproporcionado e inequitativo de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional. Todo parece indicar que en algunos casos dicho incremento obedece al cambio del estrato socio económico del predio o al incremento de su avalúo, con lo cual se genera un aumento en el valor del inmueble que conlleva al pago de un mayor impuesto superando el cancelado el año anterior.
Es de anotar que la mayor parte de las reclamaciones que se hacen a Planeación y al catastro municipal no son tenidas en cuenta por parte de los funcionarios que toman las decisiones y tienen la obligación de “socializarlas” con la comunidad, a la cual se le debe garantizar el derecho a participar en todos aquellos asuntos que los afectan de manera directa o indirecta en sus intereses.
Por ultimo, resulta por lo demás insólito que el alcalde Armitage se entere a través de un medio radial de que el 70% de la población caleña que vive en el oriente de la ciudad estuviera sin el servicio de agua, debido a factores ya conocidos y respecto de los cuales se conoce de antemano su posible solución, en tanto que la administración no realiza las gestiones tendientes a resolver este grave problema que se convirtió en un drama social de carácter humanitario.
Cuando esto sucede en una ciudad como Cali, gobernada de manera autoritaria y excluyente a pesar de las permanentes visitas del alcalde a las comunas para discutir asuntos puntuales de los barrios, los ciudadanos deben estar atentos y decididos a exigir sus derechos y libertades por encima de todas aquellas determinaciones de tecnócratas y burócratas que vejetan bajo la sombra de la administración publica, sin entender que su función constitucional y legal consiste en defender el interés general con verdadera vocación de servicio publico en el momento y la oportunidad exigidas para tal efecto en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
