Carácter ideológico y político de la reforma a la salud

Por Luz Betty Jime… |
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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


 

El proyecto de ley mediante el cual se transforma el sistema de salud en el país presentado por el gobierno del presidente Petro, ha suscitado discusiones, debates y protestas provenientes de diversos sectores económicos, políticos y sociales que consideran que la reforma posee un sesgo ideológico y político que de alguna manera afecta el futuro de la salud en Colombia.

En este sentido no cabe la menor duda de que el mencionado proyecto se inscribe dentro de la concepción ideológica y política del “estatismo”, que conlleva la injerencia activa y exclusiva del Estado en los asuntos relacionados con la regulación, control,  vigilancia y financiamiento del sistema de salud. Circunstancia esta que podrá  estimular el burocratismo y el clientelismo electoral, generándose con ello un mayor deterioro e ineficiencia en la prestación de este servicio fundamental.

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La construcción de un nuevo modelo de salud mediante el cual las empresas promotoras de salud -EPS- se transforman con el paso del tiempo en prestadoras del servicio de salud, no constituye de por sí una garantía de que el Estado podrá asegurar a los usuarios la efectividad de sus derechos, entretanto no se resuelvan los problemas que afectan al sistema convertido en un negocio en manos de empresas que disponen de gran parte de la infraestructura física, medios y recursos técnicos y laborales (clínicas, hospitales, laboratorios, farmacéuticas, personal administrativo y laboral, médicos generales y especialistas, etc.), con los cuales el Estado tendría que contratar los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos y farmacéuticos, indispensables para atender la prestación adecuada y oportuna de los pacientes, recursos estos que el Estado tendrá que adquirir para lograr prestar el servicio de salud de que trata la reforma con el fin de dotar los centros de atención primaria de los elementos para la atención de la salud de los ciudadanos y que según algunos estimativos estaría por el orden de  2.000 a 3.000 centros de atención básica prioritaria. Es de advertirse que la construcción o adquisición de dichos centros demanda de mucho tiempo, particularmente en las regiones más apartadas del país.

No obstante que la salud constituye un derecho fundamental, esta realidad formal no impide para que con todo y la reforma que se tramita en el congreso y que eventualmente podría aprobarse, no impide para que se continúe percibiendo grandes utilidades con la explotación de la salud en cabeza de varios monopolios que se lucran con el beneplácito del régimen que constitucionalmente los avaló inicialmente con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y la ley 100 de 1993

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La reforma presentada por el gobierno no se plantea la posibilidad de construir fondos sociales en el marco de un “capitalismo de Estado” mediante el cual se adquieran la infraestructura con la que cuentan las EPS e IPS y demás elementos relacionados con la prestación del servicio de salud, con lo cual el Estado capitalista podría desempeñar una función social y enfrentar la competencia de las empresas y monopolios que controlan el capital financiero nacional e internacional como un paso para socializar la prestación de este servicio y garantizar en la práctica el derecho fundamental a la salud.

En fin de cuentas de lo que se trata es de garantizar el bienestar general de todos los colombianos en esta materia, para lo cual deben crearse las condiciones necesarias e indispensables para hacer efectivo el derecho a la salud, convertida en gran medida en nuestro país en una simple formalidad con la afiliación del 98% de los colombianos a las EPS privadas y pública lo que les permite recaudar del Estado ingentes recursos del presupuesto nacional, que los destinan a otros menesteres para obtener pingues ganancias a cambio de ofrecer una atención que muy poco contribuye con la prevención y la posibilidad de curar las enfermedades.


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