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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Terminar con medio siglo de conflicto armado de una guerra civil no declarada se había constituido en empeño pacifista de una nación. A mediados del siglo pasado, otra guerra civil no declarada, entre conservadores y liberales, había dado lugar a un golpe militar cuya meta era el apaciguamiento del conflicto entre hermanos. El régimen militar progresista, convertido en dictadura cleptocrática, poder político dominado por ladrones, fue derrocado en 1957.
Se creó un gobierno de transición, mediante una coalición política entre conservadores y liberales, devolviendo en 1974, después de dieciséis años, un país en paz, democráticamente fortalecido.
Sin embargo, en la década previa, el triunfo revolucionario de Fidel Castro, exploraba fronteras para exportar su ideario, encontrando tierra fértil en América Latina. En Colombia se gestaban movimientos alzados en armas y el grupo bandolero de Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”, y la disidencia del cura Camilo Torres, se convertían en espejo revolucionario cubano.
La derrota y posterior actividad del movimiento Alianza Nacional Popular, fundado por el dictador Rojas Pinilla, tratando de ilegitimar los comicios de 1970, el último periodo de la coalición política conocida como Frente Nacional, fue la germinación de otro grupo disidente. Este grupo uso la fecha de aquellos comicios del 19 de Abril de 1970 bautizando su lucha armada con el nombre M-19.
Existía una diferencia ideológica y metodológica, entre el grupo de Marulanda FARC y el M-19. El último era fundamentalmente un movimiento guerrillero urbano, mientras las FARC predominaban en la zona rural, haciendo de la cordillera central y oriental su base de operación.
Por esta misma época la bonanza marimbera de la costa norte, entre 1975 y 1985, fue la piedra angular del tráfico de estupefacientes de cocaína peruana y boliviana, procesada por los carteles de Medellín y Cali conquistando mercados mundiales estadounidenses y europeos.
Para el poderoso e inescrupuloso cartel de Medellín, ambos movimientos guerrilleros, eran de importancia estratégica. Las guerrillas eran proporcionadas con armamento. En la zona rural, en contraprestación alejaba la fuerza pública de los centros de producción de cocaína, minando los campos, protegiendo los corredores de tránsito. En los centros urbanos se fortalecía el M-19, utilizado y financiado para destruir los archivos del Palacio Nacional en 1985, sepultando la memoria judicial delincuencial de miembros del cartel, ante amenaza de extradición a Estados Unidos.
El M-19 aprovechó el holocausto del Palacio Nacional doblegando al estado, conduciéndolo a exitosas negociaciones con beneficios de amnistía e incorporación de sus integrantes a la vida política nacional. Consolidación de su lucha que permitió integrar la Asamblea Constituyente de 1990, confeccionando algunos artículos para su beneficio en la redacción de la nueva Constitución.
Las FARC, por otro lado, disuelta su ideología, era el brazo armado de los carteles. La desarticulación de los carteles fue aprovechada para transformarse en el cartel predominante de narcotraficantes, aliados con carteles mexicanos de Sinaloa, Juárez y Jalisco. Para encubrir el cambio, siguieron con su acostumbrada barbarie, desplegando ataques sanguinarios contra la indefensa población civil, secuestro, extorsión, abuso de menores de edad y violación de sus integrantes, aliados con otros grupos guerrilleros como el EPL y ELN.
Juan Manuel Santos dio inició a diálogos clandestinos con la debilitada guerrilla de las FARC, que con el tiempo se formalizó con la mesa de negociación en el epicentro de la revolución castrista. Con anticuada ideología de fracasados modelos socio económicos socializantes, el grupo disidente exigió, entre tantos absurdos, la conformación de un tribunal independiente de justica transicional ( JEP ) . Mientras el soquete gobierno negociaba, la guerrilla exigía despeje de fuerzas armadas en las zonas controladas, las cuales casualmente correspondían a ubicaciones privilegiadas de cultivo de hoja de coca, procesamiento y corredores del narcotráfico.
Al levantarse la mesa del dialogo, el país había entregado, en parte, su soberanía institucional. Los ocho ( 8 ) años de cesión territorial convirtieron el país en el primer productor mundial de cultivos ilícitos de hoja de coca, con casi 300,000 hectáreas cultivadas y producción superior a 1,000 toneladas métricas.
El tribunal de la JEP, monstruo de mil cabezas, en contertulio con algunos miembros del Congreso, que aún pregonan el discurso tolstoico de guerra y paz, ha dedicado su tiempo en defender lo impugnable, de paso castrando funciones de la Fiscalía General. Encubrir traficantes, generar impunidad a delitos asociados al narcotráfico, perseguir integrantes de la fuerza pública, no dar curso a la reparación de víctimas y malgastar en ostentosa burocracia recursos del erario es abominable.
El pronunciamiento de no extraditar al narcoguerrillero de Santrich, desestimando pruebas, es vergüenza mundial. No corregir el rumbo del espurio Acuerdo de Paz nos lleva al abismo de caer en el vacío, otra vez, de un narcoestado.
